Un dictamen pericial expedido por María Ángela Delgadillo Ugalde y dos certificados médicos emitidos por Humberto Veras Godoy fueron nombrados durante la audiencia en la que se vinculó a proceso a tres miembros del Consejo Estudiantil de la UAEH y al exdirector de Protección Civil por su probable responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el 19 de septiembre de 2023 en el Centro Cultural “La Garza”, ubicado en la calle de Abasolo, en Pachuca, por el delito de lesiones agravadas en pandilla.
La defensa de los imputados presentó un peritaje de la especialista Delgadillo Ugalde que, según se dijo, demostraba que, por lo narrado por las víctimas, estudiantes del Instituto de Artes (IDA), los golpes mostrados no correspondían a lo que expresaron en su declaración a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).
Estos afirmaron que fueron golpeados con un tubo, un objeto pesado que provoca lesiones de mayor intensidad, pero las víctimas sólo refirieron moretones y rasguños.
El juez de control, Daniel Montaño Olvera, expresó que el certificado de lesiones le parecía “más dogmático que científico” y desechó el recurso, aunque indicó que podría utilizarse en otro momento del proceso.
En tanto, los certificados médicos expedidos por el exrector de la máxima casa de estudios, Humberto Veras Godoy a los imputados, fueron usados para iniciar cuatro denuncias (contra demandas).
Estas fueron presentadas por Job Esaú, Ashley Alexis, Humberto y Juan Carlos, por los presuntos delitos de amenazas y lesiones, presuntamente cometidos en su contra por miembros del grupo estudiantil RebelArte, de las cuales se dio vista al inicio de la audiencia al representante de la PGJEH.
En sus argumentos, la defensa de los imputados pidió omitir la agravante de lesiones en pandilla, ya que una de las condiciones para que se constituya ese delito es que debió establecerse una reunión previa en la que se definiera la participación cada quien, pero el juez detalló que no es un hecho necesario, pues se pudieron haber congregado, sin intención de delinquir, pero se realizó un ilícito.
El juez determinó que la investigación complementaria se hará en tres meses, por lo que concluirá el 12 de abril. Como medidas cautelares, estableció que los acusados no deben acercarse a las víctimas y a los testigos.
