Transitar a la gratuidad de la educación superior y contar con una normatividad para evitar la prevalencia de instituciones que operan sin Registro de Validez Oficial (Revoe), son parte de los temas para crear la Ley de Educación Superior del Estado de Hidalgo.
En conferencia de prensa, previo a la presentación de la iniciativa por parte de la Comisión de Educación en el Congreso local, se recalcó que este es sólo un primer andamiaje legislativo para instrumentar la gratuidad, al igual que en tres entidades más en el país, pero se prevé que llevará diez años poder alcanzarla, a partir de la aprobación de esta ley.
La diputada Adelaida Muñoz Jumilla indicó que las escuelas privadas con Revoe tendrán que estar armonizadas con el registro estatal y se pedirá apoyo a las alcaldías para informar de esta nueva ley (de aprobarse).
Se detalló que la Ley federal de Educación Superior se aprobó en 2021 y considera la gratuidad, la cual será paulatina en su aplicación, pues se requieren recursos públicos para lograrlo.
Daniel Fragoso, subsecretario de Educación Superior en Hidalgo, destacó que esta nueva ley ya prevé que las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) cuenten con patrimonio propio.
Y acotó que debido a que la deserción escolar a nivel licenciatura es multifactorial, desde el Gobierno estatal se está buscando disminuirla.
Durante la lectura de la iniciativa, en la cual participaron diputadas y diputados de todas las fracciones, incluido Julio Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno, se destacó que se tendrá que crear un fondo específico para alcanzar el financiamiento y tener la gratuidad.
Francisco Berganza Escorza, diputado local sin partido, expresó que entre los transitorios se destaca que la misma Secretaría de Educación Pública de Hidalgo tienen 180 días para emitir el reglamento de la ley y se crearán los institutos coordinadores de las normales y la UPN para su operatividad.
Y las instituciones de educación superior tienen 90 días para actualizar sus reglamentos; se prevé que no habrá reducción de recursos públicos en el presupuesto de egresos para las universidades.
