El 2019 fue un año turbulento para las delegaciones municipales de todo el estado a partir de una resolución que emitió el Tribunal Electoral de Hidalgo donde reconoció el derecho de delegados y subdelegados a una remuneración por ejercer un cargo de representación popular.
Lo que en un principio fue visto como un éxito ha dado pie a la desaparición de estas figuras muy arraigadas en la población pero que igual luchaban contra la apatía, la manipulación, el arrepentimiento y, quizá en contadas ocasiones, la fortuna de recaer en auténticos luchadores sociales.
Más allá de los errores del Tribunal (porque extendió el derecho de remuneración a los subdelegados que en la práctica pocas veces ejercen su cargo y actúan más como suplentes), la principal justificación para la desaparición fue el impacto a las finanzas públicas municipales. (Ejemplo: en Cuautepec existen 46 comunidades, por lo que cada año 92 delegados y subdelegados podrían reclamar el pago de una remuneración equivalente al salario mínimo mensual que para este año sería de 4,307 pesos, es decir, el municipio tendría que erogar casi 400 mil pesos mensuales y 4.7 millones de pesos anuales en salarios de estos representantes populares).
Este 16 y 17 de febrero, Tulancingo y Cuautepec crearon dos nuevas figuras que sustituirán a las ya desaparecidas delegaciones y subdelegaciones: se trata de los Órganos de Enlace Vecinal y las Comisarías Municipales.
En el caso del decreto de Tulancingo se estableció que los Órganos de Enlace Vecinal “no serán considerados servidores públicos, autoridades municipales, o representantes populares, por no ser esta la naturaleza de dicho cargo ciudadano”, no obstante, serán elegidos.
En cambio, en Cuautepec, el nuevo Bando estableció que “La comisaria o el comisario electo, según sea el caso, no tendrá derecho a remuneración, pero obtendrá la concesión del Ayuntamiento para brindar el servicio público auxiliar municipal durante dos años”.
En ambos casos es notoria la intención de no cargar al presupuesto municipal la obligación de pagar una remuneración, cuestión quizá hasta cierto punto entendible salvo porque la mayoría de los síndicos y regidores son el primer mal ejemplo de una remuneración injustificada (hay excepciones que se ven reflejadas en trabajo y resultados) y muchas veces los delegados hacen más que aquellos, pero la realidad es que la última palabra no está dicha y lo más probable es que este tema llegue a Tribunales, y serán ellos quienes determinen si hay escapatoria.
El punto a favor es que, al final, desaparecer las representaciones populares a nivel de comunidades es un riesgo que los nuevos presidentes municipales no quisieron asumir (¡y qué bueno!) y han dado un paso arriesgado que los posibles enlaces vecinales y comisarios deben aprovechar.
La cuestión de fondo es si un cargo de representación popular puede no ser reconocido como tal por disposición de ley, aunque en los hechos sean elegidos popularmente (caso Tulancingo) y si un representante popular puede dejar de recibir una remuneración a cambio de una concesión (caso Cuautepec). ¿Ustedes qué opinan?
Por: Leonardo Flores Solís
Abogado de profesión y activista por vocación. Soy producto de la justicia social. Maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la UAEH. Soy más puma que garza.
