En medio de una prolongada sesión marcada por interrupciones, confusión y discusiones acaloradas, el cabildo de Apan aprobó, la noche del miércoles, un acuerdo para rechazar la instalación de medidores de agua potable en el municipio. La Vigésima Sesión Ordinaria se volvió un escenario tenso donde varias intervenciones se cruzaron y hubo llamados constantes a guardar el orden, mientras se registraban problemas técnicos y desconexiones.
La decisión se tomó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, luego de escuchar las posturas de regidores, síndicos y de la propia presidenta municipal, Zorayda Robles Barrera.
El punto número siete del orden del día proponía la “no instalación de medidores de agua en ningún tipo de servicio dentro del municipio de Apan, Hidalgo”, y aunque la mayoría votó a favor, tanto la presidenta como algunos integrantes del cabildo señalaron que dicho acuerdo podría ser jurídicamente improcedente, ya que el servicio de agua lo administra el organismo operador descentralizado CAAPAN (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apan), el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Este Ayuntamiento no es competente para decidir sobre un organismo descentralizado (…) eso se tiene que dirimir en la junta de gobierno”, manifestó la presidenta municipal al votar en abstención. También insistió en que se debe evitar engañar a la ciudadanía con resoluciones que podrían carecer de efectos administrativos.
Durante la sesión, regidores de Nueva Alianza y otras fracciones coincidieron en que la medida de instalar medidores ha generado un amplio rechazo social y argumentaron que no existen condiciones técnicas ni económicas para implementarla. La mayoría de los posicionamientos llamaron a respetar la voluntad popular y exhortaron a CAAPAN a optar por estrategias alternativas, como campañas de cultura del agua y recuperación de cartera vencida.
Al cierre del debate, el gobierno municipal de Apan difundió un comunicado oficial en el que aclaró que “ningún integrante del Ayuntamiento comparte la intención de colocar medidores de agua” y reiteró su llamado a CAAPAN a abstenerse de implementar dicha medida. El mensaje también subrayó el compromiso de la administración con los principios de la Cuarta Transformación y el bienestar colectivo.
No obstante, la discusión dejó en claro las diferencias internas sobre la forma y los límites legales de actuar ante una exigencia ciudadana legítima, pero que toca atribuciones de un organismo autónomo. La presidenta insistió en que el exhorto debe canalizarse dentro de la junta de gobierno del CAAPAN, y no mediante acuerdos que puedan “rayar en la ilegalidad”.
