Alrededor de las 11:40 horas de este martes, el exdiputado Edgar Hernández Dañu fue ingresado nuevamente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, luego de que el Tribunal de Alzada modificara la sentencia impuesta en su contra, reduciéndola de cuatro años y 10 meses de prisión a cuatro años y seis meses. Su defensa interpuso un amparo directo debido a la forma en la que se realizó el traslado.
Mediante un comunicado, Blanca Arely, quien también fue detenida el 21 de septiembre de 2023 junto con Hernández Dañu y sentenciada a dos años por el delito de narcomenudeo, explicó que no fueron notificados previamente sobre la resolución, como el político había solicitado durante una audiencia celebrada el pasado 30 de octubre.
En esa diligencia, Hernández Dañu pidió que la notificación del fallo se le hiciera llegar a él y a su defensa, con el fin de estar en condiciones de presentar recursos legales para frenar la reclusión o el traslado.
Relató que el 4 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 10:58 horas, le notificaron la resolución definitiva dentro del Toca Penal 132/2025, que confirmaba la sentencia emitida el 14 de julio del presente año, estableciendo la reclusión por cuatro años y 10 meses.
Sin embargo, señaló que dos minutos después, policías procesales se presentaron en el hotel Franquette, ubicado en la carretera Pachuca–Actopan, habitación 37, para ejecutar el traslado de Hernández Dañu al Cereso, pese a que en ese lugar cumplía su medida cautelar de resguardo domiciliario.
De acuerdo con la defensa, la orden fue emitida por el Juez Segundo de Ejecución de Pachuca, Héctor Erasmo Anaya Méndez, lo que indica que la notificación de la Sala y la orden de reingreso ocurrieron de manera simultánea.
Blanca Arely puntualizó: “Luego a las 9:52, el juez de Ejecución ordenó que se diera inicio a la ejecución del fallo, ordenando al director del Cereso el reingreso de Edgar. Todo lo anterior sin que se nos notificara”.
Sobre la modificación de la sentencia, explicó que el Tribunal de Alzada, presidido por María Brasilia Escalante Richards, redujo la pena a cuatro años y seis meses, e impuso una multa de 19 mil 710.60 pesos.
Finalmente, cuestionó la celeridad con la que se ejecutó la orden: “Serán ustedes como medios quienes evalúen si este es el actuar cotidiano o es una justicia dirigida, para dar cumplimiento a una sentencia en menos de dos horas incluso sin notificar previamente a las partes”.
