El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, enfatizó que en esta administración el compromiso es combatir la corrupción y erradicarla, por lo que no existe una consigna política o ideológica para iniciar denuncias o procedimientos sancionatorios.
Durante su comparecencia ante diputados locales dio a conocer que existen dos procedimientos de responsabilidad administrativa por obras de la administración anterior de Omar Fayad Meneses: el puente atirantado, que no cumple su función y presenta observaciones físicas y documentales —caso que ya está en la Sala Tercera del Tribunal de Justicia Administrativa—, así como el Hospital General de Pachuca, que exhibió deficiencias por 900 millones de pesos en equipamientos y obras.
Abundó que, del maxiproceso conocido como la Estafa Siniestra por presunto desvío de recursos por más de 2 mil 400 millones de pesos, ya recuperaron cerca de 500 millones de pesos. Además, hay 25 funcionarios señalados, 95 denuncias penales y 10 alcaldes involucrados.
Cuestionado por los legisladores, refirió que continúan vigentes los procesos contra el excontralor César Román M.V., quien incluso tiene ficha roja de Interpol. Añadió que hace meses fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y, tras un amparo de 90 días, deberá presentarse nuevamente entre el 28 y 29 de enero del 2026.
“Existen actualmente tres órdenes conocidas de aprehensión, están vigentes, siguen sus procesos, no nos detiene nada, el proceso sigue firme, no se ha perdido ningún derecho del Estado a traerlo a rendir cuentas, las autoridades mexicanas e internacionales están funcionando, de otra manera no hubiéramos conocido del tema; este tema nos debe servir de lección a todos los servidores públicos que el combate a la corrupción llegó para quedarse, cualquiera que tome dinero público va a ser perseguido hasta el fin del mundo”, detalló.
Duplicidad de plazas
Sobre la duplicidad de plazas, reiteró que son al menos 700 servidores públicos sin carta de compatibilidad, incluso con casos alarmantes en los que cinco o seis funcionarios municipales superan la percepción mensual del gobernador.
Bardales Ramírez subrayó que este “dobleteo” representa 500 millones de pesos anuales para el gobierno estatal, de ahí la importancia de presentar dicho documento, así como verificar horarios y contratos. Recalcó que estas investigaciones no distinguen partidos políticos, sindicatos o encargos, pues cuentan con sustento legal e indagatorio.
El diputado local, José María Alejandro Pérez Ramírez, pidió al secretario mayor claridad para aplicar criterios jurídicos y legales en estos casos, y lamentó el tratamiento mediático hacia los docentes señalados.
Depuración del padrón de contratistas y prestadores de servicios
Por otro lado, el titular de la Contraloría expuso que, a su llegada, encontraron constructoras con obras deficientes, contrataciones con empresas fantasmas, aviadores, duplicidad de plazas, sistemas digitales inservibles, compras sin sustento, conflictos de interés, laboratorios privados para inspección de obra pública, simulación y arrendamientos desmedidos. Por ello iniciaron una revisión exhaustiva para erradicar estas prácticas.
En cuanto a la depuración de padrones, informó la cancelación por cinco años de 98 registros y la baja de mil 207 por incumplir la norma. Asimismo, 571 fueron eliminados por incumplimiento o rezago de obra pública. También se fortaleció en 50 por ciento la contratación de proveedores locales.
Respecto al padrón de prestadores de servicios, detectaron dos firmas que simulaban servicios digitales y capacitaciones; ambas fueron dadas de baja y actualmente enfrentan procesos legales.
Para inspección y vigilancia de obra pública, la dependencia realizó 7 mil 099 visitas de inspección. Cuentan con 14 mil 535 actas de entrega-recepción en tres años, que representan 18 mil 219 millones de pesos en inversión; además, detectaron 234 con irregularidades.
Complejo Hidalgo Honesto ahorra 32 millones
Sobre los arrendamientos de inmuebles, confirmó que con las nuevas oficinas denominadas Complejo Hidalgo Honesto se ahorran 32 millones de pesos al dejar de rentar 11 inmuebles. La inversión fue superior a 176 millones de pesos. Ahí trabajan 390 servidores de áreas como transparencia, auditoría, laboratorio de materiales y órganos de vigilancia.
Precisó que de los tres edificios, estacionamiento e infraestructura exterior se destinaron 155 millones 315 mil 256.63 pesos, mientras que para equipamiento, maquinaria, mobiliario y sistemas tecnológicos fueron 21 millones 089 mil 191.52 pesos. Para ello se emitieron 15 licitaciones públicas en año y medio. La mayoría de los recursos provinieron del gobierno federal, con más de 170 millones de pesos; el resto lo aportó el gobierno estatal.
Van mil 800 comités de contraloría social
El funcionario señaló que, en lo que va de la administración, han conformado mil 800 comités de contraloría social, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en la supervisión de la obra pública y consolidar un gobierno más cercano, transparente y responsable.
En cuanto a sanciones administrativas, detalló 237 amonestaciones públicas o privadas, 15 suspensiones y 75 inhabilitaciones, principalmente por no presentar declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión, no rendir cuentas o incumplir atribuciones.
Finalmente, reconoció que entre los pendientes se encuentra la actualización de la Plataforma Nacional Digital, debido a la carencia de infraestructura tecnológica; avanzar en la modernización del marco jurídico de transparencia; homogeneizar sistemas de declaraciones patrimoniales; impulsar la simplificación administrativa y optimizar el sistema estatal anticorrupción.
