El encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, informó que se ha realizado el registro de 271 armas de fuego utilizadas en diversos hechos delictivos en la entidad, provenientes de Estados Unidos y países europeos.
Durante la conferencia de prensa, Yazmín García Escobar, directora de la División Científica de la PGJEH, puntualizó que en noviembre de 2024 el Laboratorio de Armamento y Balística Forense obtuvo la acreditación de la norma internacional ISO-IEC 17020.
Tras esta certificación, explicó, se permitió la verificación del uso del sistema e-TRACE para la identificación de armamento, lo que ha posibilitado registrar el ingreso de casi 400 armas desde el año pasado a la fecha; de estas, 271 se identificaron plenamente y 129 son hechizas.
“Ese sistema permite verificar datos individuales de las armas, es decir, la matrícula, el país de fabricación y particularidades acerca de dónde ha sido su localización dentro de nuestro estado”, agregó.
Los lugares de procedencia de estas armas incluyen Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, entre otros. Tras detectar contrabando de armamento se logró el cierre de dos tiendas de armas en el país vecino.
García Escobar puntualizó que las armas aseguradas son de diversos calibres: 9 milímetros, armas largas, fusiles de asalto y subametralladoras, utilizadas principalmente para homicidios y delitos de alto impacto.
En tres años se desmantelaron 21 bandas criminales
En otro tema, Fernández Hasbun informó también que en tres años se desmantelaron 21 bandas completas y se logró la detención de líderes criminales identificados como el “H”, el “Chino Mayoreo”, el “Mamey”, el “Bola Ocho” y un integrante de Guerreros Unidos. A esta lista se suman el “Rancho”, el “William” y el “Zero”, considerados objetivos prioritarios; sin embargo, evitó dar más datos para no alertarlos.
Respecto a delitos de corrupción, señaló que de septiembre de 2024 a julio de 2025 se vincularon a proceso a 40 exservidores públicos: siete exalcaldes, 10 exfuncionarios estatales y 23 municipales, logrando una reparación del daño por 46 millones 275 mil 148 pesos a favor de la administración pública.
En cuanto a las sentencias de extinción de dominio sobre vehículos, inmuebles y dinero en efectivo, se logró un monto de 8 millones 16 mil 579 pesos, derivado de 165 demandas iniciadas.
Finalmente, informó que se recuperaron mil 974 vehículos y se devolvieron mil 140 unidades a las personas que acreditaron la propiedad.
