En el Congreso hidalguense está por discutirse, aunque recientemente “se bajó”, una nueva ley para proteger el ejercicio del periodismo, lo cual sobre el papel suena bien. Después de todo, en un país donde informar se ha convertido en un verdadero deporte de alto riesgo, entre amenazas, presiones y agresiones, cualquier intento por proteger a quienes informan parece no sólo razonable, sino necesario.
La iniciativa reconoce derechos importantes como el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceso a fuentes de información y contempla la creación de mecanismos para atender a periodistas en riesgo. Se insiste: nada realmente nuevo pero sí necesario. En teoría, se trata de construir un marco institucional que respalde la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, con lo cual, hasta ahí, nadie podría estar en desacuerdo.
Pero el problema es que no podemos quedarnos sólo con un ramillete de buenas intenciones, puesto que quienes ejercemos esta profesión sabemos que no basta con proteger al periodismo, sino hacerlo verdaderamente libre.
Por tanto, discutir una nueva redacción de ley cuyos avances no suponen ninguna novedad realmente sustantiva, sino que incluso generan más dudas que certezas, particularmente con un tufo de control gubernamental, rememora la estrategia del gatopardismo: “cambiar todo para que nada cambie”.
Mejor hablemos del elefante en la sala: la protección periodística es indispensable en cualquier régimen que se precie de ser democrático; sin embargo, el ejercicio del periodismo requiere algo previo a la protección: la libertad.
Y la libertad debemos entenderla en varias dimensiones, la de pensamiento, la de libre acceso a la información pública y la económica. La propia Exposición de Motivos de la iniciativa de ley habla de que en los foros realizados hubo manifestaciones de precariedad laboral, lo cual está directamente relacionado con la precariedad económica que históricamente ha sufrido el gremio, inquietudes que la iniciativa “reconoce” e incluso dice que fueron atendidas y consideradas en el espíritu general de la iniciativa, sí, sólo en el espíritu.
Y ahí es donde la discusión se vuelve más interesante. Porque una ley puede crear mecanismos, registros, protocolos y hasta figuras nuevas… y sorprendentemente baratas, al menos en términos presupuestales. Pero el periodismo no se vuelve libre e independiente por decreto. Se necesita legislar fuera de la caja y particularmente sin presumir que entre menos gasto genere una ley, más eficaz será. Entonces, ¿por qué no pensar incluso en que la libertad periodística real necesita métodos serios de financiamiento del propio Estado, a través de entidades autónomas, con mecanismos de control y rendición de cuentas?
Porque al final, el desafío del periodismo no siempre es sobrevivir a los riesgos –de lo cual ya somos expertos–, sino mantener su independencia frente al poder. Y esa independencia no se garantiza con buenas intenciones legislativas, ni con discursos bien redactados, sino con condiciones reales para ejercer nuestra labor con libertad responsable.
Si el periodismo cumple una función esencial para la democracia, también valdría la pena empezar a discutir cuánto estamos dispuestos como sociedad a invertir en su verdadera independencia y libertad.
