Con 23 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Congreso de Hidalgo aprobó la convocatoria para realizar una consulta popular sobre las corridas de toros, ejercicio que se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027.
La pregunta que se someterá a consideración de la ciudadanía será: “¿Deben prohibirse las corridas de toros en el estado de Hidalgo?”, y las personas participantes únicamente podrán responder “Sí” o “No”.
Los votos en contra fueron emitidos por las diputadas de Morena, Tania Meza Escorza y Citlali Delgado Mendoza, mientras que la abstención correspondió a la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas.
De acuerdo con la convocatoria aprobada, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) será el encargado de organizar, desarrollar, computar y calificar la consulta popular, además de definir la metodología para su realización.
La jornada de participación ciudadana se desarrollará de las 8:00 a las 18:00 horas y coincidirá con el proceso electoral local de 2027, cuando también se renovarán los 84 ayuntamientos de la entidad y se elegirán 18 diputaciones locales de mayoría relativa y 12 de representación proporcional para integrar la próxima legislatura del Congreso estatal.
El origen de este proceso se remonta al 18 de marzo de 2025, cuando el diputado Avelino Tovar Iglesias presentó una iniciativa para prohibir las corridas de toros en Hidalgo. Posteriormente, el 24 de abril de ese mismo año, el legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante promovió una propuesta para reconocer la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial.
Más adelante, el 19 de mayo de 2026, un grupo de 11 legisladores de la LXVI Legislatura presentó formalmente la solicitud de consulta popular para que la ciudadanía decidiera sobre la continuidad o prohibición de esta actividad en la entidad.
La petición fue impulsada por las diputadas Lisbeth Tirado Islas, Paloma Barragán Santos, Alma Rosa Elizondo Paso, Diana Rangel Zúñiga y Elena Miranda Miranda, así como por los diputados Andrés Velázquez Vázquez, Miguel Ángel Moreno Zamora, Juan Pablo Escalante Urban, Arturo Gómez Canales, José María Alejandro Pérez Ramírez y Jorge Argüelles Salazar.
El 21 de mayo de 2026, el Congreso aprobó el dictamen que validó la solicitud y remitió el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH), con el fin de que determinara su constitucionalidad y procedencia, conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado.
Posteriormente, el 10 de junio de 2026, el pleno del TSJH resolvió dentro del expediente de petición de consulta popular 1/2026 que el ejercicio era procedente y autorizó la formulación de la pregunta en los términos aprobados por el Congreso.
Tras recibir la resolución judicial, el Poder Legislativo quedó facultado para emitir la convocatoria y notificar tanto al Poder Ejecutivo estatal para su publicación como al IEEH para la organización del proceso.
La convocatoria establece que las casillas deberán instalarse conforme a la normatividad electoral vigente y ubicarse en lugares de fácil acceso, procurando condiciones de inclusión para personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Una vez concluida la jornada, el IEEH realizará el escrutinio y cómputo de los votos, validará los resultados y posteriormente ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo, para que el resultado de la consulta tenga carácter vinculante deberá participar al menos el 42 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
