La diputada federal de Morena por Hidalgo, Tatiana Ángeles Moreno, aclaró que con las nuevas reformas en materia de transparencia y combate a la extorsión no están en riesgo la protección de datos personales ni el acceso a la información pública.
El Congreso de la Unión, integrado por diputados y senadores en su mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como de otros órganos autónomos, bajo los argumentos de austeridad, ahorro presupuestal y eliminación de duplicidades.
Con los cambios constitucionales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal absorberá las funciones de acceso a la información en un área denominada “Transparencia para el Pueblo”, así como la protección de datos personales.
“La Legislatura fue la que tomó la decisión de la desaparición de este órgano y sus filiales en los estados por considerar que era un cuerpo burocrático muy denso, que no estaba en la misma proporción a la eficiencia de lo que implicaría justamente cuestiones anticorrupción; es decir, había ya como una monotonía en torno a sus sistemas, a su trabajo. Era muy bueno el tema de que tú pedías información y te la daban muy rápido, eso se mantiene, pero digamos, todo el ente que implicaría justamente el combate a la corrupción dejó mucho que desear”, dijo.
En La Entrevista de Effetá, la morenista abundó que no hay datos precisos de sanciones concretas por parte del INAI ni claridad sobre la eficiencia de sus sistemas; por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por eliminarlo para generar ahorros, pues “todo lo que se consumía no fue proporcional a los resultados que deberíamos de tener en México”.
Al cuestionarle si era más conveniente optimizar la estructura del INAI o reformar las leyes para brindarle más facultades para castigar o apercibir, señaló que el instituto perdió la brújula y que era necesaria una medida de fondo.
“Entonces se toma la decisión de, bueno, ya todo esto está muy mal, mejor hacemos algo nuevo y nos sale más económico que estar reformando todo ese ente que había. Había perdido prácticamente la brújula en torno al trabajo y a lo que debería de redituar para nuestro país”, indicó.
Puntualizó que ni la transparencia ni la protección de datos estarán en riesgo, pues habrá mejoras en las diligencias de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para fortalecer estos rubros.
Respecto a los registros de números telefónicos y la CURP biométrica —aspectos sobre los que organizaciones civiles han alertado por un posible manejo deficiente de datos personales o un control excesivo—, Ángeles Moreno enfatizó que las medidas buscan inhibir principalmente el delito de extorsión.
“La idea es la protección de las y los individuos. En Chile, por ejemplo, en nuestro continente, tienen un ejercicio más avanzado que México y va encaminado hacia allá, hacia lo biométrico, porque nadie puede suplantar tu personalidad, tu identidad, la protección de tus datos, de tal manera que también te cuiden o el Estado te cuide de extorsiones”, comentó.
Agregó: “Hoy en México la extorsión es uno de los delitos más graves, se da en todos lados y, sobre todo, lamentablemente, en poblaciones donde la información es más limitada; son las personas que más caen en las extorsiones. Entonces también el Estado mexicano se ha planteado llegar a un momento en el que estemos vigilados, estemos cuidados”.
Combate a la corrupción a nivel municipal
La representante por el Distrito de Actopan presentó una iniciativa para incorporar en el artículo 115 de la Constitución Política federal que el combate a la corrupción sea una obligatoriedad de las presidencias municipales, a partir de la inclusión de protocolos de prevención, seguimiento y concientización para inhibir esta práctica.
“Nosotros lo que queremos es que, sobre todo porque nuestra bandera desde 2018 ha sido el combate a la corrupción, el no robar, creemos que es importante garantizar un mecanismo que efectivamente desarrolle un cambio de cultura que inicie como un cambio conductual de las y los servidores públicos”, subrayó.
Ejemplificó algunas de estas acciones que implementó cuando fue alcaldesa de Actopan, como establecer una semaforización para los trabajadores, incluidos directores y regidores, en caso de identificar conductas corruptas; además de remitirlos al Órgano Interno de Control, se les sancionaba con descuentos en sus salarios y con el apercibimiento de que serían despedidos.
Dichas medidas generaron ahorros en la administración municipal: el primer año con 10 millones de pesos, el segundo con 9 millones y el tercero con 7 millones de pesos.
“Necesitamos algo inmediato que nos ayude a las y los mexicanos a que este fenómeno de la corrupción, que se da de manera muy fuerte, pueda inhibirse, pueda mermar, ojalá desaparecer, pero por lo menos que se contenga. Entonces, esta intención lleva la propuesta que estamos haciendo”, explicó.
Ley de Comercio Electrónico
Tatiana Ángeles mencionó otra propuesta que impulsó en colaboración con la Secretaría de Economía para que las plataformas digitales utilizadas para la compra-venta de diversos artículos cuenten con garantías en las transacciones, tanto para usuarios como para empresas.
Aunque inicialmente hubo algunos obstáculos con algunas plataformas, principalmente de origen chino, finalmente lograron acuerdos que beneficien a los comerciantes mexicanos, no solo en la exhibición de sus productos, sino también en el incremento de sus ventas.
“Estamos planteando que en todas las plataformas se segmente el tipo de comercio, ya sea entre un individuo o entre una persona y una empresa. Ahí debe haber derechos resguardados para ambos, pero sobre todo para el consumidor: que si ya no te gustó el producto, que si llegó en malas condiciones, cuántos días tienes para hacer el reclamo, hasta qué momento la empresa te debe estar cubriendo; en fin, todo eso lo estamos planteando”, expuso.
Reforma a la Ley de Aguas y sus beneficios
En relación con la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, la diputada de Morena enumeró diversos motivos para actualizar estas disposiciones, con el objetivo de garantizar una distribución adecuada del recurso, regular las concesiones y promover su cuidado para las futuras generaciones.
“Entonces ya no se trata nada más de quien pueda pagarla, sino que es la obligación del Estado mexicano darte el agua. Esto tiene una connotación muy importante que esperamos que, de manera progresiva, se vaya resolviendo; hay muchas colonias y comunidades que tienen que comprar pipas, por ejemplo. Entonces la idea es que, con esta ley, paso a paso, el Estado mexicano asuma esta responsabilidad de cumplir un derecho humano”, puntualizó.
Asimismo, contemplan sanciones para empresas o particulares que desperdicien o sobreexploten el agua, con el fin de generar conciencia sobre su cuidado. En cuanto a las concesiones, recalcó que se respetará la temporalidad de 30 años, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) verificará cada caso.
“Esto realmente se mantiene. Se supone que debe haber una supervisión muy profunda de Conagua para valorar los acuíferos, el nivel de los acuíferos, para que efectivamente no lleguemos a un momento en el que haya escasez y no lleguemos a un punto sin salida”, concluyó.
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