El relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca no llegó por estrategia, sino por advertencia. En plena Semana Santa, mientras la atención pública suele dispersarse, se concretó la salida de Juan Manuel Ayala Guarro y la llegada de Enrique Moronatti Miramontes en un movimiento que más que sorpresa, confirmó lo que ya se había insinuado desde la mañanera en la sede del Poder Ejecutivo, la falta de coordinación no era sostenible.
Fue el propio secretario de Seguridad estatal, Salvador Cruz Neri, quien en una mañanera lanzó el mensaje -con claridad poco habitual- en el que señaló que Ayala Guarro no estaba colaborando “de la mejor manera”. Traducido al lenguaje político real, eso significó una ruptura operativa. Y en materia de seguridad, cuando la coordinación se rompe, lo que sigue no es el debate, es el riesgo.
El amago fue directo, Pachuca podía perder el mando coordinado. Es decir, el control de su propia seguridad. Y en ese punto, la autonomía municipal deja de ser un principio y se convierte en una debilidad si no hay resultados.
La salida de Ayala Guarro no deja muchas lecturas favorables. Su gestión termina marcada por la incapacidad de construir una relación funcional con el estado, en un momento donde la seguridad exige precisamente lo contrario, alineación, inteligencia compartida y operación conjunta. No es menor.
Gobernar la seguridad desde el aislamiento institucional es, en el mejor de los casos, ingenuo; pero, sin lugar a dudas, es una irresponsabilidad de alto riesgo.
Más allá de cifras o discursos, lo que quedó exhibido fue un problema de conducción. Porque la seguridad pública no es un ejercicio de protagonismos, sino de coordinación. Y si el propio estado cuestiona la disposición de colaboración, el problema ya no es técnico, es político.
En ese contexto llega Enrique Moronatti. No es un perfil improvisado. Hasta hace poco, se desempeñaba como jefe de seguridad del gobernador Julio Menchaca, lo que le otorga un activo importante, de entrada, cercanía con el poder estatal y conocimiento de la lógica de operación en el nivel más alto. Pero esa misma cercanía también genera una expectativa inmediata de resultados.
Moronatti teóricamente no llega a aprender. Llega a corregir.
Su primer reto no es menor, porque debe restablecer la coordinación con el gobierno estatal. Sin ese puente, cualquier estrategia está condenada al desgaste. La seguridad hoy no se entiende sin inteligencia compartida, sin operativos conjuntos y sin una cadena de mando clara. Pachuca no puede permitirse volver a tensar esa relación.
El segundo desafío será recuperar la confianza ciudadana. Porque más allá de los cambios en la cúpula, la percepción de inseguridad no se resuelve con nombramientos. Se resuelve en la calle. En la presencia policial, en la respuesta oportuna, en la capacidad de prevención. Y en ese terreno, la paciencia social es limitada, la gente desea sentirse tranquila en las calles.
También deberá ordenar internamente la corporación. Los relevos en seguridad no sólo implican cambio de titular, sino ajustes en mandos medios, redefinición de estrategias y, muchas veces, depuración. Moronatti tendrá que decidir si mantiene estructuras o si apuesta por una reconfiguración más profunda.
Otro punto clave será el manejo político de la seguridad. Porque, aunque se trate de una función técnica, la seguridad pública está atravesada por decisiones políticas. La relación con el ayuntamiento, con el estado y con las fuerzas federales deberá ser quirúrgica. Un error de cálculo puede traducirse en costos operativos inmediatos.
Y hay algo más: el tiempo. Moronatti no cuenta con margen de adaptación prolongado. Llega en un contexto donde el mensaje estatal fue contundente y donde la amenaza de retirar el mando coordinado no fue retórica. Fue una posibilidad real.
Por eso su gestión será evaluada no en meses, sino en semanas.
El cambio en la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca deja una enseñanza clara, que en materia de seguridad la falta de coordinación no es un detalle administrativo, es una falla estructural. Y cuando esa falla se hace pública desde el propio gobierno estatal, el margen de maniobra se reduce a la única opción de corregir o perder el control.
Ayala Guarro se va con más cuestionamientos que resultados. Moronatti llega con más expectativas que margen de error. La seguridad pública no es simplemente un acto de voluntad, es un grito desesperado por ofrecer resultados inmediatos.
