En Hidalgo hay un pendiente legislativo más. Desde marzo de 2024, el Tribunal Electoral del Estado resolvió que existía una omisión del Congreso local en materia de participación política de personas adultas mayores y ordenó generar condiciones para su acceso a cargos de elección popular rumbo a 2027; incluso estableció que, si el Congreso no cumplía, el Consejo General del IEEH tendría que emitir lineamientos supletorios.
Entonces, desde 2024 existe una sentencia sobre esto y en 2026 todavía seguimos hablando de una obligación sin cumplir. Discursos sobre inclusión sobran, igual que los mensajes de apoyo a los sectores históricamente relegados, pero a la hora de tomar decisiones concretas todo sigue en pausa. Además no estamos frente a una idea nueva ni inesperada, al contrario, estamos ante un pendiente institucional que lleva dos años arrastrándose.
Aquí también hay responsabilidad de los partidos, que hablan de representación mientras sus candidaturas siguen pasando por los mismos filtros de siempre: grupos internos, cuotas, acuerdos y cálculos de conveniencia; pero también del propio sistema electoral, que en su intento por corregir exclusiones ha ido sumando reglas, acciones afirmativas y mecanismos de acceso, sin detenerse a pensar si tanta figura nueva no está volviendo más enredado algo que debería ser más claro y más abierto a la ciudadanía.
Claro que las personas adultas mayores han estado subrepresentadas y claro que necesitan condiciones reales para participar. El problema empieza cuando el sistema quiere corregir cada deuda agregando una regla más, como si todo se resolviera con candidaturas o cargos. A veces, en lugar de abrir de verdad la participación, lo que se hace es volver más forzada y hasta artificial la competencia.
De cara al 2027, Hidalgo tiene la oportunidad para hacer bien las cosas: por un lado, cumplir la sentencia y legislar este tema de manera integral; pero por otro, preguntarse cuántas medidas más querrá seguir agregando la clase política y electoral para asegurar una democracia incluyente, sin darse cuenta que una participación política cargada de tantas figuras, candados y etiquetas puede terminar siendo, en los hechos, exactamente lo contrario: una democracia excluyente.
