El debate sobre la reducción de regidurías en Hidalgo ya no está en si la reforma gusta o no gusta, porque esa discusión, al menos jurídicamente, ya pasó. El llamado Plan B electoral ya entró en vigor y ahora toca a los Congresos locales armonizar sus leyes para ajustar la integración de los ayuntamientos, entre otros ajustes orientados a reducir el gasto. En Hidalgo, el plazo corre hasta el 30 de mayo y la pregunta política es: ¿el Congreso local se limitará a cumplir con lo estrictamente necesario o aprovechará la coyuntura para revisar de fondo la integración de los 84 cabildos?
En principio, el ajuste más evidente alcanzaría a 14 municipios. Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tulancingo, Huejutla y Tizayuca tienen actualmente asambleas con más de 15 regidurías, por lo que deberán adecuarse al nuevo límite. Además, esos mismos municipios, junto con Actopan, Atotonilco de Tula, Cuautepec de Hinojosa, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama y Zempoala, cuentan con dos sindicaturas, cuando la nueva disposición apunta a una sola sindicatura por municipio.
Visto así, el asunto parecería meramente técnico: contar regidores, ajustar síndicos y modificar la ley local. Pero la política rara vez se agota en la aritmética. La propia dirigencia estatal de Morena ha dejado abierta la posibilidad de hacer ajustes locales al número de regidurías en cada municipio, con el argumento de hacer más eficientes los cabildos y generar ahorros. Dicho de otra manera: aunque el impacto obligatorio se concentre en 14 municipios, la coyuntura podría abrir la puerta para meterle mano al diseño de todos los ayuntamientos de Hidalgo.
Ahí está la parte más interesante del debate. ¿La integración actual de los ayuntamientos en Hidalgo sigue respondiendo a criterios de funcionalidad, representación y gobernabilidad? Porque en muchos municipios, de todos los colores, los cabildos han dado más espectáculo que deliberación, más pleitos internos que acuerdos públicos y más grilla que soluciones a la sociedad. Entonces, cuando un órgano colegiado se vuelve arena permanente de conflicto, claro que la ciudadanía termina preguntándose si de verdad tanta silla sirve para gobernar mejor.
Menos integrantes no garantizan mejores gobiernos, sobre todo en términos de representatividad, pero tampoco puede asumirse que más integrantes significan más democracia. El Congreso local tendrá que analizar si la reducción puede ayudar a ordenar, ahorrar y hacer más funcionales ciertos ayuntamientos, siempre que el ajuste se entienda como una oportunidad para mejorar la vida municipal.
La efectividad de esta reforma no se verá en el discurso, sino en la integración real de los cabildos de 2027. Ahí sabremos si en Hidalgo sólo cumplió con el mínimo constitucional o si se aprovechó el momento para ordenar con responsabilidad la vida municipal. Después de los numeritos que han regalado varios ayuntamientos, la discusión no sobra. Tal vez menos puede ser mejor; pero sólo si menos significa más orden, más claridad y mejores gobiernos.
