La reelección vive sus últimos años en México. La reforma constitucional que la prohíbe ya fue aprobada y publicada, pero su aplicación quedó diferida para los procesos electorales de 2030. Eso significa que en 2027 todavía habrá una última ventana para que diputadas, diputados e integrantes de ayuntamientos busquen permanecer un periodo más en el cargo. En Hidalgo, por tanto, alcaldes, síndicos, regidores y legisladores locales aún podrían intentar reelegirse.
Pero esa posibilidad legal acaba de encontrarse con una señal política fuerte. Claudia Sheinbaum llamó a quienes aspiren a una candidatura en 2027 a separarse de sus cargos bajo una idea sencilla: no se puede gobernar y hacer campaña al mismo tiempo. La frase no modifica por sí misma la ley, pero sí marca una línea para quienes militan en el partido de la presidenta. En Morena, muchas veces una recomendación presidencial pesa más que un reglamento interno.
Por eso, el respaldo del líder morenista en Hidalgo a esa posición no es un detalle menor. Si Morena asume que quienes busquen reelegirse deben renunciar o separarse del cargo, el mensaje alcanza directamente a sus perfiles en funciones con aspiraciones para 2027. La pregunta será si esto queda como un gesto discursivo o si la convocatoria interna del partido lo convertirá en una regla efectiva para todas y todos sus aspirantes.
El asunto tiene una particularidad importante en Hidalgo: el diseño legal no trata igual a todos los cargos. Para las diputaciones locales que buscan reelegirse, el marco electoral no exige necesariamente separarse del cargo; en cambio, quienes integran ayuntamientos —presidencias municipales, sindicaturas y regidurías— sí deben hacerlo al menos 60 días antes de la elección. Es decir, la ley ya marca un piso mínimo para los cargos municipales. Sin embargo, el respaldo político al llamado de separarse del cargo deja una pregunta más: ¿Morena se quedará con los 60 días o le pedirá a sus aspirantes a todos los cargos a separarse antes, como condición de congruencia interna?
Ahí está el verdadero dilema. Si Morena obliga a sus perfiles en funciones a separarse antes que los demás partidos, podría colocarse en una posición de congruencia frente al discurso de austeridad, legalidad y no uso del cargo público para construir candidaturas, pero también podría abrir una ventaja práctica para la oposición o para sus propios aliados, si estos no adoptan la misma regla y mantienen a sus posibles aspirantes gobernando, recorriendo territorio y conservando reflectores institucionales. La ética política siempre suena bien; el problema es cuando compite contra la operación electoral.
En 2027 se verá si el llamado fue una regla o sólo una frase para la tribuna. Si los perfiles de Morena en funciones quieren reelegirse, tendrán que decidir entre permanecer en el cargo hasta el último tramo permitido o soltarlo para buscar de frente el respaldo de su partido y de la ciudadanía. La reelección todavía será legal, pero políticamente ya no será tan cómoda, porque quien quiera otra vez la confianza de la gente, deberá empezar por demostrar que no necesita usar su cargo para pedirla.
