En Hidalgo y en todo el país, la elección judicial ya no será en 2027, sino en 2028. La reforma más reciente movió el calendario y, con ello, cambió el ritmo de algo que apenas empezaba a tomar forma entre jueces, magistrados, Congreso y ciudadanía. Un año en la vida pública puede cambiar estrategias, expectativas, decisiones personales y hasta el ambiente completo de una elección.
El primer efecto es evidente: quienes hoy están en funciones en el Poder Judicial del estado tendrán un año adicional antes de enfrentar su salida o buscar mantener el cargo a través del nuevo modelo de elección popular. Eso les da aire y también le da al propio sistema judicial una pausa para procesar mejor la transición, pero al final no es una salida, es apenas una nueva fecha en el calendario.
La disyuntiva para las personas juzgadoras hidalguenses no desapareció, solamente se recorrió. Tarde o temprano tendrán que decidir si participan o no en una elección para conservar su cargo. Las preguntas, entonces, seguirán intactas: ¿Conviene entrar a la lógica de una campaña? ¿Se puede pedir el voto sin afectar la idea de independencia judicial? ¿Qué tanto cambia la figura de una jueza o de un magistrado cuando debe competir en una boleta?
Además, hay algo más, en Hidalgo la elección judicial de 2028 coincidirá con la gubernatura, por lo que, aunque quieran, no será una elección silenciosa ni separada del ambiente político. Con la reforma, la elección judicial hidalguense estará metida en el año electoral más intenso del estado, junto a la disputa por el Poder Ejecutivo local, y aunque estrictamente sean procesos distintos, políticamente compartirán la atención pública y sobre todo el mismo día de votación.
Eso puede tener varias lecturas, el lado técnico operativo por un lado y por el otro el político. ¿Cómo lograrán las autoridades electorales, como el Instituto Estatal Electoral, que la elección de juzgadores no se mezcle con el mismo ruido partidista que acompaña una elección como la de la gubernatura estatal?
Por eso el aplazamiento de la elección judicial no es un punto final, sino más bien una advertencia de lo que vendrá. El 2028 llegará con más tiempo, pero también con más presión política y habrá que ver si este año extra que les dio la nueva reforma sirvió para preparar una transición ordenada o sólo más ruido a la conversación pública.
