El pasado mes de diciembre la región Tula-Tepeji dijo que no al Parque de Economía Circular y las autoridades respetaron el resultado de tal ejercicio. Podrá discutirse la baja participación, la forma en que se explicó el proyecto o si las posiciones a favor y en contra tuvieron información suficiente o mucha política detrás, pero al final hubo una decisión ciudadana y tanto el gobierno federal como el estatal aceptaron que esa propuesta no podía continuar. En tiempos donde consultar muchas veces parece un trámite para confirmar decisiones ya tomadas, detener el proyecto sí fue una señal que vale la pena reconocer.
El problema es que el “no” canceló el parque, pero no eliminó la basura ni resolvió la crisis ambiental de una región que lleva décadas cargando contaminación en el aire, el agua y el suelo. Los municipios siguen generando residuos, algunos deben trasladarlos a otros lugares y todavía existen tiraderos clandestinos o a cielo abierto que representan riesgos sanitarios importantes para las comunidades. Por eso tampoco sería responsable interpretar el resultado como punto final y dejar que cada ayuntamiento se las arregle como pueda, porque la ciudadanía rechazó una propuesta específica, no el derecho a vivir en un entorno más limpio.
Ahora se trabaja en otra alternativa desde los gobiernos federal, estatal y municipales, que podría incluir plantas regionales de separación y un nuevo esquema para la disposición de residuos. La diferencia, al menos por lo anunciado, es que esta vez se pretende dialogar con las comunidades antes de llegar con un proyecto prácticamente terminado, además de permitir que los municipios analicen qué lugares reúnen mejores condiciones. Parece una obviedad, pero en los proyectos ambientales escuchar desde el principio suele evitar que la información llegue tarde o mezclada con politiquería.
También habrá que reconocer que ninguna solución será completamente sencilla ni popular. Lo que hace falta es información técnica entendible, reglas ambientales firmes y garantías de los gobiernos de que cualquier infraestructura servirá para reducir daños, no para agregar una fuente más de contaminación.
Tula-Tepeji tiene derecho a rechazar aquello que considere riesgoso, pero también necesita una solución seria para un problema que sigue creciendo todos los días, con la conciencia de que no habrá proyecto que cuente con la aprobación de todas las voces. En su momento, el gobierno hizo bien en respetar el “no” y hace bien en buscar otra ruta, porque el parque fue cancelado, sí, pero el pendiente ambiental continúa exactamente en el mismo lugar.
