La política también se cuenta a través de los virajes. Leodegario Hernández Cortez llegó al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en 2020, después de haber ocupado algunos cargos en espacios políticos y administrativos, y desde diciembre de 2023 preside un órgano cuya credibilidad depende, precisamente, de mantener distancia frente a quienes compiten por el poder. Su trayectoria y sus relaciones políticas han provocado cuestionamientos desde antes de asumir la presidencia; nada excepcional en la vida pública, salvo porque para un árbitro electoral las formas pesan casi tanto como las sentencias.
Por eso, resulta particularmente interesante su reciente defensa de la autonomía del Tribunal. El Congreso de Hidalgo designó el 29 de julio a Jonnathan Pérez Ledezma como nuevo titular del Órgano Interno de Control y, días después, Hernández Cortez acudió ante la Sala Superior para combatir el nombramiento, incluso solicitando la inaplicación de disposiciones legales y constitucionales por considerar que la designación legislativa vulnera la independencia del órgano jurisdiccional. Una batalla jurídicamente defendible, desde luego, pero políticamente imposible de analizar sin mirar hacia atrás.
Porque cuatro años antes ocurrió prácticamente lo mismo. En julio de 2022, el Congreso designó a Jesús Raciel García Ramírez como contralor interno del propio Tribunal por un periodo de cuatro años y Leodegario Hernández ya era magistrado. Después llegó a la presidencia y durante más de dos años convivió institucionalmente con aquel esquema sin que conociéramos una ofensiva semejante contra la facultad legislativa que hoy considera invasiva. Entonces, al parecer la autonomía no siempre provoca la misma preocupación: algunas designaciones pasan tranquilamente por la puerta y otras terminan en la Sala Superior.
Tampoco ayuda a despejar las lecturas políticas que el magistrado presidente haya comenzado a asumir posiciones públicas en asuntos especialmente sensibles para el gobierno estatal. Ahí está su reciente respaldo público a la Fundación Arturo Herrera Cabañas justo en medio de la controversia por la recuperación del inmueble que ocupa desde hace décadas; un pronunciamiento perfectamente válido como ciudadano, pero llamativo viniendo del presidente de un tribunal electoral. Y mientras reivindica con fuerza la autonomía institucional, prepara un tercer informe para el cual adjudicó 116 mil pesos solamente por el servicio de salón, mobiliario, meseros y otros requerimientos para 500 asistentes, en plena época de austeridad política y escrutinio presupuestal a los organismos electorales, ¡joya!
Quizá estemos observando un reposicionamiento que apenas comienza a hacerse visible, o tal vez no. El tiempo permitirá saberlo, pero en política las coincidencias comunican más de lo que se cree: respaldos donde antes había algo de prudencia, impugnaciones donde antes hubo silencio y una autonomía que, curiosamente, encontró su voz cuatro años después, tal vez porque ahora conviene. La paradoja no está en defenderla, está en explicar por qué comenzó a preocupar justamente ahora, a 4 meses de dejar la presidencia.
