El secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, y el presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, respaldaron la reforma a la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, aprobada por el Congreso local, que elimina la obligación general de los alcaldes de solicitar autorización al cabildo para celebrar contratos y convenios de interés público.
Durante la conferencia semanal del gobierno estatal, celebrada en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría, Bardales Ramírez manifestó que fue uno de los principales promotores de esta modificación, al considerar incongruente que, pese a existir leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones que regulan la contratación en los 84 municipios, los presidentes municipales todavía tengan que esperar la autorización de los integrantes del ayuntamiento, lo que ocasiona retrasos en la atención de las necesidades ciudadanas.
El funcionario estatal señaló que ambas legislaciones establecen mecanismos y procedimientos de contratación que permiten garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Explicó que la autorización adicional del cabildo entorpecía los procedimientos administrativos y retrasaba la ejecución de obras públicas, por lo que se impulsó la modificación constitucional para agilizar estos procesos.
Indicó que la reforma permitirá dar mayor fluidez a la contratación y ejecución de obras, además de reducir el riesgo de que los recursos públicos deban reintegrarse por no haber sido ejercidos dentro de los plazos establecidos.
Por su parte, Jorge Reyes Hernández, en su calidad de presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo, manifestó que existen obras públicas detenidas en algunos municipios debido a la falta de aprobación de integrantes de los cabildos.
El alcalde aseguró que la reforma no pretende quitar facultades a los regidores ni limitar su voz y voto, sino facilitar los procedimientos administrativos para ejecutar más obras y mejorar la prestación de servicios a la población.
Reyes Hernández explicó que una de las principales complicaciones para los ayuntamientos se presenta cuando, después de aprobar los proyectos de obra y realizar los procedimientos de licitación, también deben solicitar al cabildo la autorización para contratar a la empresa ganadora, lo que prolonga los tiempos de ejecución.
Por ello, consideró que la modificación constitucional contribuirá a simplificar los trámites y permitirá avanzar en la realización de obras públicas en los 84 municipios de Hidalgo.
Asimismo, aseguró que esta reforma no significa que los presidentes municipales “puedan hacer lo que quieran”, pues deberán actuar con responsabilidad y cumplir las disposiciones legales en los procedimientos de contratación y adjudicación de obras públicas.
“No se puede dañar a los ciudadanos por cuestiones personales que no tienen nada que ver con el trabajo municipal; por eso se seguirán rindiendo cuentas al cabildo”, aseveró el edil pachuqueño.
