El vicepresidente de Biofutura A.C., Ángel Daen Morales García, informó que la organización ingresó un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH) para que se analice la constitucionalidad de la consulta pública relacionada con la tauromaquia aprobada por el Congreso local.
Explicó que dicho mecanismo tiene “diversos ejes” desde las personas, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; sin embargo, indicó que el siguiente paso corresponde al TSJH, cuya presidenta, Rebeca Aladro Echeverría, deberá determinar si “es constitucional o no es constitucional”.
Indicó que desde el viernes entregaron documentos ante el tribunal para explicar “por qué ese tipo de consulta violenta derechos humanos, violenta los derechos de los animales y violenta una gran cantidad de principios democráticos que no se deben consultar”.
Morales García afirmó que, como se ha reiterado en distintas ocasiones, “los derechos conquistados en una Constitución como un pacto político no se pueden consultar, porque son los mínimos elementos requeridos para que una sociedad pueda funcionar”.
Añadió que tanto la Carta Magna federal como la local establecen esos principios y sostuvo que el tribunal debe garantizar “que no se consulten actos contrarios a la ley”.
El integrante de Biofutura A.C. señaló que el tribunal cuenta con 20 días para analizar los elementos técnicos que entregaron y resolver si la consulta es contraria a la Constitución; no obstante, comentó que el órgano puede emitir una resolución “antes o después”.
Asimismo, comentó que han sostenido pláticas con integrantes del Poder Ejecutivo para explicarles por qué consideran que este tipo de actividades son contrarias a la normatividad.
Durante su posicionamiento recordó que, en administraciones anteriores, el entonces gobernador, Omar Fayad Meneses, ejerció el derecho de veto al reconocimiento de las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial en Hidalgo.
Morales García consideró “gravísimo” que legisladores analicen este tema “o salirse por esa tangente” mediante una encuesta, en lugar de discutirlo a profundidad.
También explicó que, en caso de que el TSJH emita una respuesta negativa, promoverían juicios de amparo y analizarían otros mecanismos jurídicos, sociales y políticos, entre ellos solicitar que el gobernador ejerza el derecho de veto.
Detalló que el recurso procedente sería un juicio de amparo indirecto, al señalar que “no hay recurso alguno en materia normativa”, por lo que podrían interponerlo contra la acción del tribunal.
Además, dijo que algunos diputados se han acercado para volver a ingresar una iniciativa contra el maltrato y la crueldad en las corridas de toros.
Finalmente, expresó que confían en que el tribunal “se apegue al marco constitucional” y afirmó que no buscan “favores”, sino que “nadie esté por encima de la Constitución”.






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