Katia Icela Vázquez Peralta es madre de Paula y Dante, quienes fueron sustraídos por su padre Enrique “N” hace dos años, tiempo en el que ella no ha podido tener contacto ni estar al tanto de su día a día.
Ella recuerda, entre lágrimas, en la explanada del Reloj Monumental de Pachuca, después de marchar en contra de la violencia hacia las mujeres este 25 de noviembre, cómo su vida cambió al decidir dejar al esposo que la violentó y contra quien levantó una denuncia en 2019 por intento de homicidio.
La lucha comenzó cuando se acercó al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH), donde dice que se lavaron las manos porque pedía una pensión “alta”, correspondiente a los ingresos de su expareja. Luego de eso, su expareja se llevó a sus hijos Dante, de 9 años, y Paula, de 5.
A partir de ese momento se convirtió en una víctima más de violencia vicaria, la cual, asegura, va en aumento en la entidad, ya que al formar parte de la Asociación Madres Protectoras de Hidalgo conoce cada vez más casos en los que los hombres ejercen este tipo de violencia.
“Porque quieren, porque pueden, porque ellos trabajaron y nosotros nos quedamos en el hogar con nuestros hijos y eso nos volvió vulnerables”, recalcó.
Añadió que esta modalidad de abuso es desconocida en el CMJH, donde la denominan y la tratan como violencia familiar, a pesar de que Hidalgo es uno de los cuatro estados en los que se castiga, al estar incluido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Esta ley no opera por la falta de conocimiento, de capacitación en las fiscalías, en los ministerios públicos; pero en lo práctico se entiende así, cuando decidimos divorciarnos y salir de ese círculo, comienzan las amenazas, ¡ah!, te quieres divorciar, te voy a dar en lo que más te duele, que son tus hijos”, dijo.
Katia compartió que sus hijos fueron llevados a la Ciudad de México y mientras ella seguía su proceso en el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, donde le recomendaron no actuar en aquella jurisdicción para solicitar la guardia custodia, su expareja lo hizo y es así que obtuvo los derechos y la tutela provisional de los hijos.
“No me dejaron actuar para poner una denuncia de guardia y custodia, el tiempo que ellos dejaron pasar fue precioso”, precisó.
Katia Icela Vázquez decidió dejar al esposo que la violentó.
Posteriormente vino otro golpe en su contra, pues su agresor interpuso dos denuncias. La primera, la declararon sin ejercicio de la acción penal, pero la segunda, gracias a que sus hijos fueron manipulados, procedió.
Ya en el juicio, el juez Miguel Ángel Nájera le dictó una condena “sin pruebas”. La fiscalía pretendía que le dieran nueve años de prisión por violencia familiar en agravio de sus hijos y su padre. Afortunadamente, añadió, gracias a su defensa contratada de forma particular logró demostrar que las demandas eran falsas y que Enrique “N” presionó a los niños para declarar en su contra y mintió en el juicio bajo protesta de decir verdad.
Pese a esto, se le dictó una sentencia condenatoria, por lo que actualmente se encuentra en el proceso de apelación, defendiendo su derecho a la libertad y en busca de justicia para hacer que sus hijos vuelvan a su lado.
Ante este panorama, Katia pide a las autoridades dejar de ser indolentes, pues cada 25 de noviembre sólo se acercan para tomarse la foto y ponerse una estrellita por mantenerse cerca de las víctimas, pero los otros 364 días permanecen ausentes mientras el número de casos se multiplica.
Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue instalada una “antimonumenta” en la Plaza Juárez.
