Con unión social, quiere Congreso prevenir delincuencia en Hidalgo

Para prevenir los delitos, se hará con tres conceptos: situacional, social y comunitaria, es decir, se mejorará el entorno urbano, protección a la familia, incentivar actividades como el deporte y la cultura, todo con la participación de los ciudadanos.

Bajo el precepto de que una de las principales razones del Estado es proteger a su población ante agresiones y amenazas, así como por la escalada delictiva en México, el Congreso local aprobó la adopción de un nuevo esquema con enfoque social e integral para abatir la incidencia de estos hechos.

Lo anterior fue producto de una iniciativa de reforma a las fracciones primera a tercera del artículo quinto de la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Hidalgo formulada por la diputada independiente, Areli Rubí Miranda Ayala, y el del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores, del 15 de junio del presente.

En cifras, explicaron que el Instituto para la Economía y la Paz 2021 refirió que la entidad fue sexta en el ranking del Índice de Paz en México; aunque el impacto financiero de la violencia alcanzó los 78.1 mil millones de pesos, es decir, el 19.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

“Por lo tanto, los temas de inseguridad en nuestro estado son de suma importancia para los ciudadanos y como legisladores debemos apoyar e impulsar estrategias que permitan combatir el problema”, expresaron en su fundamentación.

De acuerdo con el dictamen que emitió la primera comisión permanente de Legislación y puntos constitucionales tras analizar el asunto fue que se pretende reforzar la prevención criminal con tres conceptos: situacional, social y comunitaria.

El primero busca modificar el entorno urbano, ambiental y tecnológico para generar una convivencia, cohesión y esparcimiento y así eliminar las condiciones que propician y facilitan la delincuencia.

El siguiente consiste en programas a grupos en riesgo para reducir sus factores delictivos con ayuda de actividades de fortalecimiento y protección a la familia para evitar su desintegración, además de prevenir la entrada a adicciones, mejorar su educación, incentivar el deporte, cultura, y desarrollo social, urbano y económico, además de vivienda y salud.

El último pretende una participación ciudadana y comunitaria para mejorar las condiciones de seguridad del entorno, pero serán complementadas con prácticas de prevención, autoprotección, denuncia y solución de conflictos con justicia alternativa.

El asunto fue sometido a votación del pleno, donde consiguió 25 sufragios a favor, cero en contra y ninguna abstención; por lo que fue instruido a la secretaría del Congreso que elaborara su decreto correspondiente para su envío al Ejecutivo estatal para seguir el proceso cameral.

 


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