Derecha, corruptos y críticos no frenarán el trabajo de Irma Sandoval

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es, desde el de Lázaro Cárdenas, el único que se ha propuesto gobernar para los pobres y poner fin a la corrupción; sin duda, su llegada ha frustrado los planes de quienes buscaban adueñarse de Pemex y de la CFE, así como de quienes planeaban seguir drenando recursos públicos a sus cuentas personales. La designación de la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se convirtió en un dolor de cabeza para los corruptos, quienes pretendían continuar viviendo en la impunidad, al frustrar sus ambiciones en más de una institución.

Desde su campaña presidencial en 2018, el presidente designó como secretaria de la Función Pública a la Dra. Irma Eréndira Sandoval, dejando en sus manos la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ella es una intelectual descendiente de militantes de la izquierda guerrerense, educada desde su niñez bajo los principios de la honestidad y el servicio a los desposeídos de México, convencida de la necesidad de transformar las estructuras del Estado para poner fin a la corrupción. Con ello, el presidente dejó claro que no habría más impunidad en México, que pondría fin a la corrupción y que esta no sería parte de su gobierno.

La Dra. Sandoval sabe, como su familia y todos los mexicanos, que la transformación del país no es un lecho de rosas y defender los intereses del pueblo, menos aún. La sociedad está dividida en clases y cada una de ellas tiene sus propios intereses; desde hace años, en México ha gobernado una clase social que ha mutado con el tiempo y, a través de sus partidos tradicionales, PRI y PAN, ha establecido su política económica y social; sus gobiernos apoyaron las políticas neoliberales que pretendían minimizar la intervención del Estado en la economía, haciendo que los bienes públicos colectivos pasaran a ser mercancías en manos de las empresas y diluyendo su responsabilidad frente a la sociedad (el mejor ejemplo de ello es la subcontratación a través del outsourcing), pero también multiplicaron la pobreza.

Fue así que las viejas políticas neoliberales se petrificaron en México después de la “crisis de los errores de diciembre” de 1994 y robaron las ideas a sus gobernantes. Las políticas de ajuste y estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI), destinadas a superar la crisis, sirvieron para ampliar la idea de reducir al mínimo las funciones del Estado y ponerlo a disposición de los intereses de la clase gobernante. Después del gobierno de Ernesto Zedillo, los presidentes solo administraron el país y ninguno modificó las políticas, sin observar que el entorno internacional había cambiado. La crisis de 2008 les mostró que el Estado debía asumir su rol regulador de la economía y de la sociedad, frente a la ineficacia del mercado para garantizar los equilibrios y asignar los recursos.

El neoliberalismo alimentó la corrupción y las ambiciones de muchos políticos por hacerse con las actividades económicas de Pemex y la CFE. Desde la publicación de la Ley de Petróleos Mexicanos en 2008 y la desaparición de Luz y Fuerza del Centro en 2009, en el gobierno de Calderón, hasta la Reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto, estaba claro que las políticas neoliberales no pretendían solo privatizar servicios públicos como la distribución de agua, el alumbrado público y la recogida de basura, sino concretar el proceso para desmembrar y privatizar la CFE y Pemex.

Sin duda, la honestidad y las convicciones políticas de la secretaria de la Función Pública se convirtieron en un problema inesperado para los corruptos que deseaban vivir en la impunidad. La Dra. Sandoval ha asumido con ética y gran responsabilidad su trabajo; no ha sido retórico su discurso, sino práctico y de acción; ella ha reaccionado de manera proactiva frente a las denuncias ciudadanas cuando se han presentado elementos para sancionar y llevar a los tribunales a los corruptos; sin embargo, luego de dar a conocer el resultado de la investigación sobre el caso del director general de la CFE, Manuel Bartlett, se ha desatado un linchamiento mediático en su contra, acusándola, incluso, de corrupta y de actuar de la misma manera que sus antecesores, quienes solaparon la impunidad y la simulación en el gobierno de Peña Nieto, comparaciones ofensivas y absurdas contra alguien cuyas convicciones políticas jamás le permitirían empobrecer aún más al pueblo.

Los medios y las redes sociales se han ensañado contra la Dra. Sandoval. A través de ellas, se ha cuestionado la transparencia de la investigación realizada contra Bartlett, cuando nadie fue capaz de aportar más elementos que los vertidos por Carlos Loret de Mola. En el informe se señala que las denuncias, “en tanto se dirigían al mismo servidor público y en referencia a los mismos hechos, fueron acumuladas en una sola investigación”, basadas en dos investigaciones periodísticas que cuestionaban la falsedad de su declaración patrimonial y de intereses como servidor público, pero de las cuales no se desprendió ninguna falta administrativa que implicara la destitución, suspensión e inhabilitación del funcionario público.

Es comprensible el enojo de muchos mexicanos contra presidentes y funcionarios de los gobiernos que propiciaron la corrupción y encubrieron la impunidad, los cuales quieren ver “cabezas rodar” de presidentes, secretarios y funcionarios de alto nivel, los cuales saquearon el país para amasar fortunas inexplicables. Sin embargo, los funcionarios públicos tienen miedo de denunciar y presentar elementos reales para procesarlos; el temor los lleva a convertirse en cómplices, se escudan diciendo: “usted no sabe de lo que son capaces, yo quiero conservar mi trabajo y no quiero tener problemas…”. En fin, el miedo sigue protegiendo la impunidad, porque no se puede llevar a nadie a los tribunales sin elementos probatorios reales.

Es cierto que quienes votaron por el cambio se ven lacerados cuando ven funcionarios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que amasaron fortunas inexplicables en el pasado, que apoyaron incondicionalmente al PRI y sus componendas (como Bartlett), pero hay que entender que Morena no es un partido, sino un movimiento que incorporó disidentes de los partidos y hoy, algunos, ocupan puestos en el gabinete ampliado, lo que ha hecho que priistas connotados se reciclen ante los ojos atónitos de quienes votaron por Morena y sus candidatos; no obstante, si no se tienen elementos de faltas administrativas por parte de ellos, la SFP nada puede hacer; pero ello no puede eclipsar el trabajo realizado por la Dra. Sandoval frente a la SFP en la lucha contra la corrupción.

Estoy convencido de que, en los próximos meses, tendremos noticias de nuevos hallazgos sobre la corrupción y la impunidad, pero siempre apegados a la ley.

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Por: José Luis Ortiz Santillán

Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.


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CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL - José Luis Ortiz Santillán

Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.