El Instituto para la Economía y la Paz en México (IEP) ha publicado el Índice de Paz que pondera los diversos tipos de violencia en el país, y ha situado en un nivel de mejoría y a la baja entre los ocho primeros estados con menor incidencia de violencia a Hidalgo.
Sin embargo, el director de esta ONG en México, Carlos Juárez Cruz, ha revelado que existe en Hidalgo un incremento significativo de diversos indicadores de violencia que deben poner en alerta al gobierno para ampliar el marco de estrategias y políticas públicas en seguridad ciudadana, que envíen un mensaje claro a la delincuencia organizada de que las acciones gubernamentales mantienen una presencia en expansión para combatir los delitos de alto impacto e, inclusive, el narcomenudeo que se ha incrementado en las últimas dos décadas.
El análisis crítico devela que Hidalgo, en números absolutos, ha tenido un incremento significativo en el ascenso de la violencia pese a que sus números relativos resulten positivos. Citando al IEP, en Hidalgo entre el periodo del 2010 al 2024 los números de personas reportadas como desaparecidas oscilaron en 5 mil 101 personas, de las cuales no fueron localizadas el 18.4% y, desafortunadamente, el 5.8% fueron encontradas sin vida.
En este trazo de números duros, Hidalgo pasó, de acuerdo al IEP en 2015, de una calificación de 1.725 al 2.190 en el 2024; lo cual es medido dentro de los niveles de paz como negativo, ya que a una calificación más baja (1.725), mayor es el nivel de paz que experimenta cada estado en el país.
Desde el inicio de la administración de Julio Menchaca se activó un cordón de seguridad ciudadana y un papel activo en la procuración e impartición de justicia con Santiago Nieto Castillo, que creó un clima de tranquilidad donde se asomaban estelas que han sido delicadas, como el trasiego de huachicol. A Nieto Castillo se le recuerda por el férreo combate a la corrupción y malversación pública, entre lo que destacan las pesquisas de la Estafa Siniestra y la vinculación a proceso de alcaldes del antiguo régimen y servidores públicos.
Pese a que en 2024 la paz en México mejoró un 0.7% y que la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a perfilar mayores alcances dentro de la estrategia de seguridad para la ciudadanía, el saldo rojo de la delincuencia organizada sigue siendo una de las mayores preocupaciones gubernamentales y una de las máximas prioridades en las lógicas de pacificación del país, donde los estados menos vulnerados, como Hidalgo, deben incrementar las medidas sobre la seguridad pública y los planos de inteligencia en la materia para que investigaciones serias permitan ir pavimentando ese cordón de seguridad ciudadana que inició en la administración del actual gobernador Julio Menchaca.
En este trazo, los presupuestos en materia de seguridad pública deben incrementarse en paralelo al adiestramiento y capacitación de los cuerpos policiacos para favorecer una pirámide de fortaleza en sus estructuras; todo ello, acompañado por los protocolos que miden la lealtad, probidad y conciencia de sus filas.
El IEP señala que “el gasto en México en seguridad pública y en el sistema de justicia se encuentra muy por debajo de los niveles regionales e internacionales. En 2024, México destinó el 0.7% de su PIB a estos rubros, menos de la mitad del promedio tanto de América Latina como de países de la OCDE”.
Desde luego que resulta desgarradora la prospectiva de pacificación del país. No obstante, los plazos son ahora, las autoridades no pueden esperar a que esto se construya como un proceso paulatino o por etapas; se requieren estrategias en materia de seguridad pública finitas y que envíen un mensaje de trabajo cotidiano a la ciudadanía.
La cotidiana reunión del gabinete de seguridad en el gobierno de Julio Menchaca debe perfilar un refuerzo claro a la seguridad pública. Este es, desde luego, el mejor mensaje de que Hidalgo puede generar una seguridad pública que estabilice sus expectativas de desarrollo en el proyecto de la 4T.
