Hay días en que la política es muy cruel. El PAN en Hidalgo presentó una propuesta de reforma electoral con varios temas sobre la mesa, entre ellos sanciones por financiamiento ilícito, pérdida de registro de planillas y medidas para evitar que la delincuencia organizada meta dinero o influencia en procesos electorales. La intención, en papel, es buena. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de blindar elecciones y gobiernos frente al crimen. El problema es que la política también se mide por el contexto, y el contexto le jugó una muy mala pasada al panismo hidalguense.
Al día siguiente, autoridades de seguridad y procuración de justicia detuvieron al director y al subdirector de Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama, además de un exelemento de la corporación, dentro de una investigación por presuntos vínculos con actividades delictivas en la región. Tezontepec no es cualquier municipio para esta historia: además de ser gobernado por el propio PAN (¡joya!), forma parte de una zona políticamente sensible para ese partido, ya que es el bastión de su líder moral en Hidalgo, el diputado federal, Asael Hernández Cerón. Por eso el asunto pegó más fuerte, no porque exista una sentencia, que no la hay, sino porque el golpe político fue inmediato.
Conviene decirlo con cuidado: una detención no equivale a culpabilidad. Las investigaciones deben seguir su curso, las autoridades deben probar lo que tengan que probar y las personas señaladas tienen derechos que se deben tutelar. Pero también sería ingenuo pensar que este episodio no tiene lectura política. El PAN hidalguense levantó una bandera de cero tolerancia contra la infiltración criminal y, casi de inmediato, enfrenta un caso delicado en un municipio que gobierna y con esto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué tanto revisan los gobernantes a quienes terminan ocupando áreas tan sensibles como la seguridad pública municipal?
La alcaldesa Ana María Rivera respondió que su administración no encubrirá conductas fuera de la ley y pidió que las investigaciones se realicen conforme a derecho y sin tintes políticos. Es lo mínimo que tenía que decir. También reconoció que al director de Seguridad Pública se le dio respaldo institucional desde su designación, bajo la idea de fortalecer la seguridad del municipio. Ahí está el detalle: si se le nombró, si se le respaldó, si se le sostuvo, entonces también debe haber una explicación seria sobre los filtros, los controles y la vigilancia interna.
El PAN hizo bien en pedir que se investigue a fondo. Pero la exigencia no puede ser sólo hacia afuera. Si su reforma habla de partidos, candidaturas y delincuencia organizada, entonces este caso tendría que obligarlo también a mirar hacia dentro. No para aceptar culpas que jurídicamente no estén acreditadas, sino para hacerse cargo del costo político de gobernar y aspirar a ser una oposición congruente.
La seguridad municipal no es un área menor ni supone un mero trámite administrativo. Quien encabeza una policía tiene poder, información, mando y contacto diario con la calle, a favor o en contra de la ciudadanía.
Lo de Tezontepec deja al PAN en un momento tan incómodo como real, pero también deja una lección más amplia para todos los partidos: hablar de blindaje institucional es fácil cuando el problema se ve lejos, lo difícil empieza cuando el señalamiento toca una administración propia. Ahí se sabe si el discurso era convicción o sólo grilla. Y en temas de seguridad, la ciudadanía ya no está para explicaciones bonitas: quiere saber quién y porqué nombra, quién revisa, quién vigila y quién responde cuando algo se rompe.
