La aprobación a la reforma del Poder Judicial en el Congreso de Hidalgo, entre lamentos y pesares del PRIAN, dejó valiosos elementos de análisis para entender la crisis política por la que atraviesa la derecha y su impotencia e inoperatividad frente a los rendimientos políticos crecientes de la izquierda en ascenso y su fuerza claudista.
El epicentro de las discusiones de la derecha sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial admitió que este poder público es a todas luces ineficiente y presenta un déficit de articulación expedita en la procuración e impartición de justicia en la nación, declaración que no requiere mayor esfuerzo de interpretación empírica debido a las asimetrías históricas del Poder Judicial en los gobiernos del antiguo régimen donde, sin lugar a dudas, era un instrumento sectario de clase y de privilegios que amparaba tropelías y negocios basados en el contubernio del aparato de Estado para intereses particulares, nacionales y extranjeros.
En este escenario, la comparecencia en dos ocasiones en la sesión del Congreso local que aprobó la reforma al Poder Judicial del diputado y presidente del PRI Hidalgo, Marco Mendoza, apeló a la depuración de la reforma y al costo al erario público, pero, jamás, a la autocrítica de los costos sociales que las fuerzas del PRIAN propinaron a la ciudadanía durante más de nueve décadas en Hidalgo, desde el uso y abuso de la impartición de justicia asimétrica que vulneró y marginó del progreso social a millones de hidalguenses.
La autocrítica ausente en el PRIAN Hidalgo también se insertó en el velo del Parlamento Abierto para tratar de escenificar un “dramatismo absurdo” sobre que se habían dejado de lado sus prácticas en el Congreso, sesgando la reforma al Poder Judicial y marginando a sectores académicos, intelectuales, jurídicos y sociales. Esta impugnación a título de quejumbre política del PRIAN -que asemeja a un ave con un ala rota- no causó impacto alguno y quedó en entredicho ante los señalamientos de las y los diputados de Morena que increparon el despropósito de los ataques ante las evidencias históricas de la inoperancia del Poder Judicial en México.
En correlación directa a los lamentos del PRIAN de la supresión al Parlamento Abierto en el Congreso de Hidalgo, la izquierda morenista en un plano de empoderamiento pleno invalidó las impugnaciones acusando el despropósito de una estructura estamental, pletórica de privilegios que sangró a la nación por décadas, causando opresión y control social desde el usos y abuso en la impartición y procuración de justicia, cuyos costos no sólo se erigen en el desembolso del erario nacional, sino en la radiografía cruenta que le infringió la asimetría judicial al pueblo de México.
En el análisis crítico de lo ocurrido en una sesión histórica en el Congreso de Hidalgo y la trascendencia de la reforma al monopolio de la justicia del Poder Judicial perfila en la reestructuración soberana a voto abierto de la ciudadanía, nuevas lógicas de respuesta social en la impartición y procuración de justicia en la nación. Al tiempo, sobresale el arqueo ciudadano que incidirá en las prácticas de justicia pronta y expedita, ausentes y dolorosamente inoperantes en la burocracia del Poder Judicial.
Una crítica de forma y fondo que trascendió a los diálogos en pro y contra de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de Hidalgo estriba en los niveles de confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la calidad de la impartición y procuración de justicia. En este trazo agudo, la democratización de la institucionalidad vigente adquiere un matiz de eficiencia política desde y con el Poder Judicial, cuya autonomía habrá de generar una nueva ruta en las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Julio Menchaca.
En esta atmósfera que el PRIAN ha solicitado refrendar las prácticas de Parlamento Abierto al Congreso de Hidalgo no debe retrotraer sus despropósitos históricos y antidemocráticos en este diálogo que puede resultar ampliamente fructífero en toda iniciativa legislativa, siempre y cuando la autocrítica sea la bandera de legitimidad de las acciones de la derecha.
