El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Marco Antonio Mendoza Bustamante, afirmó que en Hidalgo hay muchos “priistas de clóset”, quienes trabajan actualmente en administraciones municipales, estatales o federales encabezadas por Morena, pero que continúan identificándose con el tricolor.
“Hay mucha gente que me dice: Oiga, yo sigo siendo priista, pero trabajo en el ayuntamiento”, expresó Mendoza Bustamante durante la sesión de preguntas y respuestas de su conferencia de prensa en la sede estatal del PRI.
Detalló que, en el proceso de reafiliación partidista iniciado en marzo, ya se contabilizan 72 mil registros, entre refrendos y nuevas afiliaciones. Precisó que este avance se logró a lo largo de las tres primeras jornadas nacionales celebradas en marzo, junio y septiembre. La cuarta está programada para noviembre, mientras que el corte global será en diciembre.
Asimismo, señaló que aquellos militantes que no refrenden su afinidad al partido simplemente no aparecerán en el padrón, como ya ha ocurrido con figuras que hoy forman parte de otros proyectos y organizaciones.
En ese sentido, relató: “Ha habido gente que me dice: Oye, presidente, échame la mano, dame de baja del padrón porque me ofrecieron este trabajo, yo sigo siendo priista. Al fin y al cabo son para el PRI”.
Sobre la prohibición de narcocorridos
Por otro lado, al referirse al debate sobre los narcocorridos, Mendoza Bustamante sostuvo que no es necesario legislar para prohibir este tipo de música, y que bastaría con que Morena hablara con sus alcaldes para evitar que contraten agrupaciones que hacen apología del crimen.
“No necesitan una prohibición, eso es una simulación, es una vacilada; que Morena convoque a sus alcaldes y les diga 'oigan, ya escucharon lo que dijo la presidenta Claudia’ (…) y no contraten (a estas agrupaciones)”, señaló.
El priista aseguró que su partido no está a favor de contenidos que promuevan la violencia y que respaldarían una iniciativa para regular este tipo de expresiones sólo si forma parte de una estrategia integral en materia de seguridad. “Prohibirlos no va a arreglar los problemas”, concluyó.
