De nueva cuenta, líderes de asociaciones de escuelas particulares volvieron a mostrar su rechazo a la norma oficial mexicana (NOM) 273-SE-2021 al considerarla invasiva y sobrerreguladora, y aunque manifestaron que aún puede “darse marcha atrás”, de ser necesario procederían con un amparo ante las instancias pertinentes.
Lo anterior, ya que el lunes fue terminado el proyecto de desarrollo, donde además se acusó que carece de transparencia, no atención a las voces de afectados y que se viola el Estado de Derecho al querer hacer una imposición desde el gobierno federal.
Dicha pauta, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), pretende que sean los planteles privados los que absorban los cargos por morosidad en las colegiaturas, además de obligar al sector educativo a firmar un contrato de adhesión con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Así como que ante incumplimientos al liquidar más de tres meses de colegiaturas o igual número de pagos liberará a las escuelas de la obligación de continuar con la prestación de servicios, por lo que deberán observar lo dispuesto en el reglamento escolar. “De entrar en vigor, la autoridad le daría la calidad de mercancía a la enseñanza”, expresó una presidenta de asociación.
Lo anterior implicaría que hasta 18 mil complejos en la República cierren, principalmente los más pequeños al “hacernos trabajar gratis pese a que hicimos inversiones para trabajar en pandemia y en el nuevo ciclo que será híbrido”, añadió María Luisa Flores, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (Alpes).
Mientras que Itzel Carmona Gándara, miembro de la comisión político legal de la Confederación de Escuelas Particulares (CNEP), añadió que el proyecto de la NOM no es cosa menor ya que además de contradecir la reforma educativa expuso que se percibe un interés personal de algunos organismos, “además que llega en un peor momento cuando en lugar de escuchar se insiste”.
