Gerardo Sosa Castelán, exrector de la UAEH y líder moral del Grupo Universidad, enfrenta dos escenarios distintos ante la justicia federal: mientras un tribunal confirmó su no vinculación a proceso por defraudación fiscal equiparable, permanece abierto otro procedimiento por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el primer asunto, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito confirmó la resolución dictada el 28 de mayo de 2026 por un juez federal en Hidalgo.
La FGR pretendía procesarlo por una declaración anual complementaria correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentada el 28 de febrero de 2022, en la que presuntamente reportó ingresos acumulables inferiores a los realmente obtenidos.
Uno de los puntos considerados por el juez fue que la querella de la Secretaría de Hacienda había sido presentada el 12 de mayo de 2021, aproximadamente nueve meses antes de la conducta específica que posteriormente le fue imputada.
La FGR y Hacienda apelaron, pero el tribunal mantuvo la no vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa tampoco consiguió el sobreseimiento de la causa, por lo que esta determinación no representa una sentencia absolutoria ni el cierre definitivo del expediente.
Sigue proceso por lavado y delincuencia organizada
En otro expediente, derivado de la causa penal 263/2020, Sosa Castelán enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con 58 millones 245 mil 948 pesos.
De acuerdo con la acusación de la FGR, esos recursos forman parte de operaciones realizadas entre 2011 y 2018, en las que presuntamente se utilizó una red de personas y empresas para triangular dinero. Entre las sociedades señaladas dentro de la investigación aparece Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C.
La Fiscalía sostuvo que parte de esos recursos habría sido transferida posteriormente a cuentas relacionadas con integrantes de la familia Sosa. Es precisamente el origen, movimiento y destino de ese dinero uno de los puntos que deberá discutirse dentro del proceso penal.
En septiembre de 2024, el juez de control Gregorio Salazar Hernández decretó el sobreseimiento parcial de las acusaciones contra Sosa Castelán. La FGR impugnó esa determinación y, en marzo de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito la revocó.
La discusión jurídica se centró en si el juez de control podía cerrar parcialmente el procedimiento cuando la causa ya había avanzado hacia la etapa de juicio.
La defensa promovió entonces el amparo indirecto 66/2025 y posteriormente el asunto llegó al Tercer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito mediante el amparo en revisión 17/2026.
El pasado 1 de octubre, el tribunal confirmó la negativa del amparo, por lo que no se restableció el sobreseimiento y las acusaciones deberán continuar su curso.
