El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez informó que en el mes de enero fueron dadas de baja 200 empresas constructoras del Padrón de Proveedores de Gobierno de Hidalgo.
Bardales Ramírez precisó que estos movimientos obedecieron, principalmente, a que no se cuenta con un acta de entrega-recepción de las obras, ya que en muchos de los casos los ayuntamientos no quisieron recibirlas porque estaban mal construidas o no habían sido terminadas.
El funcionario estatal detalló que actualmente se lleva a cabo el proceso de investigación para cuantificar la gravedad de la falta cometida. En este contexto, estimó que para el 15 de marzo estarán publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo cuáles serán inhabilitadas por cinco años, así como las que serían denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Informó que las empresas que hayan cometido faltas administrativas no graves únicamente serán eliminadas del padrón. A su vez, las que incurrieron en fallas graves serán inhabilitadas por cinco años, mientras que aquellas en las que se detecten obras con desvíos de recursos, inconclusas o con deficiencias en su construcción, serán objeto de un procedimiento penal.
El contralor citó un caso en particular acontecido en el municipio de Tezontepec de Aldama en donde se llevó a cabo reencarpetamiento cuyo costo fue de 6 millones 800 mil pesos; sin embargo, no pasó las pruebas de laboratorio, por lo que la alcaldía obligó al contratista a reponer los trabajos.
Señaló que el plazo para su ejecución venció el 31 de diciembre; sin embargo, debido a las inconsistencias detectadas, se le otorgaron tres meses adicionales para concluir el trabajo y garantizar que cumpla con las características establecidas en el contrato.
