¿La clase política de Hidalgo?

El estado de Hidalgo durante muchos años ha sido una de las entidades con menor desarrollo del país; sin embargo, en cada sexenio ha sido capaz de forjar nuevos ricos. Miles de hidalguenses siempre han confiado en su gobierno y su gabinete; no obstante, las recientes denuncias sobre los presumibles actos de corrupción en los que estarían involucrados el exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, quien fuera uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y secretario del exgobernador Jesús Murillo Karam; así como Raúl González Apaolaza, quien fuera uno de los rectores la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) y secretario de Educación en el Gobierno del Estado, ponen el tema de juicio la honestidad de la clase política de Hidalgo, dañándose su imagen frente a los ciudadanos.

Estos dos funcionarios, cuyo prestigio en la política y la educación en el estado de Hidalgo, fueron quienes instrumentaron los trabajos de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), conjuntamente con otros hidalguenses que sumaron a sus equipos, entre ellos el actual Secretario de Desarrollo Económico. Lamentablemente, hoy se encuentran en el ojo del huracán y seguramente serán objeto de una profunda investigación por parte del gobierno federal, la cual, sin posibilidad de arreglos y pactos, pondrá al descubierto el origen de su riqueza y definirá el futuro de sus vidas.

La impunidad ha sido uno de los sellos del viejo sistema político mexicano, que se niega a desaparecer para dar paso a la democracia en México, a la gobernabilidad democrática y participativa. Precisamente, gracias a la impunidad en nuestro país cada sexenio surgen una nueva “camada” de ricos, mientras aumenta la masa de la población en estado de pobreza y pobreza extrema, a la cual la clase política trata de agradar con regalos de fin de año, con cabalgatas de día de reyes, con eventos sacros y con actos públicos, donde se intenta diluir su enojo con desayunos o comidas.

No cabe duda que, lo hecho hasta hoy por quienes se han beneficiado del poder con la compra de las tierras donde se construiría el aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, años atrás, en la Zona Plateada de Pachuca o en el Club de Golf de Real del Monte, podrían entrar a “Hacer historia”, una vez que el gobierno federal decida profundizar las investigaciones y “desenredar la madeja” de nombres, cuentas bancarias, propiedades habidas, procedimientos y registros contables de quienes estén involucrados en actos de corrupción y abusos de poder; con lo cual, el nuevo gobierno demostrará que no se tolerará la impunidad desde ahora.

Sin duda, quienes incurren en actos ilícitos dentro del gobierno han recorrido el camino meticulosamente para no dejar huellas, pero los errores cometidos los irán subiendo a la palestra de la historia. Es probable que con el objetivo de limpiar las huellas, en el caso del GACM, la remoción de algunos funcionarios antes de la llegada del nuevo gobierno, haya estado orientada a desparecer evidencias y personas relacionadas con posibles actos de corrupción, para tener chivos expiatorios; pero desde ahora, como en el caso del robo del petróleo, los ciudadanos de Hidalgo y del país, sabrán quién es quién y el origen de su riqueza.

Autor: José Luis Ortiz Santillán

Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.






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