El ejemplo histórico de la infiltración colombiana del crimen organizado en la política se ha tropicalizado en las estrategias de la delincuencia en México y los nexos que existen actualmente entre ambas plantean un desafío frente al proceso electoral de 2024, pero en especial en torno a las políticas de seguridad pública y contención de la corrupción en un momento álgido donde el Poder Judicial ha bloqueado al gobierno federal y 11 jueces conducen la operatividad de la justicia sin mayor contrapeso.
Los constantes pronunciamientos de López Obrador para develar las prácticas obstruccionistas del Poder Judicial transitan a los escenarios de control del Estado a nivel político, económico y social, frente a un proceso electoral que marcará de manera inédita el ascenso de una mujer a la Presidencia de la República.
El financiamiento de los procesos electorales desde el INE y más allá de él, al igual que los manejos financieros de los partidos políticos, precariamente regulados en las urnas, ya han sido infiltrados por el crimen organizado, que de manera horizontal ha mantenido nexos de logística para sus operaciones en la administración pública.
Hidalgo está bajo los reflectores en estos momentos por el control que el crimen organizado tiene del huachicol y por el escándalo que rodea a Edgar Hernández Dañu, diputado del Partido del Trabajo (PT), detenido por posesión de mariguana, metanfetaminas y acopio de armas.
El creciente control que el crimen organizado tiene en la política ha activado las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha dado a conocer su infiltración y presencia, al igual que células neurálgicas que se dedican al narcomenudeo, la extorsión y huachicoleo, evidenciando que Hidalgo ya es fuente financiera de la delincuencia.
A nivel internacional, la ONU ha destacado el impacto que el crimen organizado tiene en el Producto Interno Bruto (PIB) de países como Colombia y México, lo cual ha multiplicado la esfera de control e intervención, lavado de dinero, inversión, comercialización e inclusive empleo, así como la transversalidad a diversas modalidades de delitos como extorsión, trata de personas, pornografía y migración, cuya dinámica es directamente proporcional al grado de infiltración en la estructura y cuadros de la política local.
Un tercer escenario del nexo entre política y crimen organizado a nivel internacional es la actuación del sistema bancario en el lavado de dinero y flujo de capitales oscuros, que en México no ha motivado un mayor control legislativo y permite la expansión delictiva.
En este escenario sin ley entre política y crimen organizado, ¿hasta dónde la actuación de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, en manos del gendarme custodio Santiago Nieto, permitirá develar los nexos entre política y delincuencia de la red de corrupción pública que implica la detención del diputado Edgar Hernández Dañu?
