El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, aseguró que en la entidad no existe persecución política contra ninguna persona, en respuesta a los señalamientos realizados hace unos días por dirigentes del Partido del Trabajo (PT), quienes denunciaron presuntas acciones contra militantes y exfuncionarios vinculados con ese instituto político.
Tras lamentar las declaraciones de los representantes petistas, Olivares Reyna sostuvo que en Hidalgo se respetan los derechos humanos, por lo que rechazó que las autoridades estatales actúen bajo criterios de persecución política.
El funcionario también cuestionó que se presenten como actos de persecución los procesos judiciales relacionados con personas señaladas por presuntas conductas delictivas, al considerar que con ello se distorsiona la situación jurídica que enfrentan.
Señala investigaciones por peculado y adeudos fiscales
“Por información que el procurador ha difundido, sabemos que existen causas penales por peculado, carpetas del mismo modo, deudas al SAT y más que me reservo porque se trata de evitar que se satanice o se señale una conducta que ocurrió”, expresó Olivares Reyna al referirse a los antecedentes judiciales expuestos por las autoridades.
El secretario de Gobierno afirmó que la administración estatal busca generar condiciones favorables para el diálogo y la paz, por lo que llamó a quienes han cuestionado las acciones de las autoridades a no presentar los procedimientos judiciales como actos de persecución política.
PT denuncia presunta persecución contra sus militantes
Hace unos días, durante un pronunciamiento en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el dirigente del PT en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, acompañado de legisladores federales y del comisionado político de Asuntos Electorales del partido, Damián Sosa Castelán, exigió el cese de lo que consideran una persecución política contra sus militantes.
Entre los casos mencionados por los representantes petistas se encuentra el del expresidente municipal de Tlaxcoapan, Miguel Ángel “N”, quien inició una huelga de hambre mientras enfrenta cinco causas penales por presunto peculado. También señalaron las situaciones del exdiputado Edgar Hernández Dañu y de Diana Laura Marroquín Bayardo, en Tulancingo, como parte de sus denuncias contra las autoridades estatales.
