Pide PAN cárcel para quien impida realizar obras públicas en Hidalgo

Luna Islas expuso que si bien ya se contempla dicho delito en el Código Penal, falta que sea tipificado.

Al considerar que hay una afectación e impacto social cuando se impide la realización de cualquier obra de infraestructura pública, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso ante el pleno del Congreso local una iniciativa para castigar con cárcel y multa a quien cometa dicha acción.

De lo anterior, la asambleísta Claudia Lilia Luna Islas expuso que si bien ya se contempla dicho delito en el Código Penal, falta que sea tipificado; además de que contrastó que en otras entidades ya está asentado, como en Nayarit, Chihuahua y el Estado de México.

Por lo que la bancada propuso adicionar dos párrafos al artículo 316 de dicho documento, en los cuales se contemplan penas de tres meses y hasta un año de cárcel, así como de cinco a 10 días de multa a quien obstaculice la ejecución de un proyecto.

Mientras que si se comete de forma colectiva pero sin violencia serán aplicables de seis a 12 años de prisión y hasta 50 días de apercibimiento; no obstante, lo anterior podrá aumentar de uno a cuatro años y hasta 100 días multa si se cometen agresiones.

Además, para los autores intelectuales del hecho, quienes lo inciten o financien recibirán una sentencia de dos a cuatro años de prisión y hasta 500 días de sanción.

Al decir que desde el PAN son conscientes del libre albedrío, siempre y cuando este no afecte a terceros, la legisladora recordó tres casos sucedidos en Mineral de la Reforma y Epazoyucan: el primero en el mercado municipal de Pachuquilla, donde comerciantes se inconformaron por la forma en que fue anunciada la remodelación.

Mientras que en la segunda demarcación, habitantes impedían hacer dos pavimentaciones al alegar que solo se hacían para beneficio de unas cuantas personas; no obstante, de lo anterior Luna Mejía refirió que estaban debidamente sustentadas.

El proyecto de adición al Código Penal estatal fue turnado a la primera comisión permanente de seguridad ciudadana y justicia para su análisis y posterior aprobación.

 


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