Con una votación unánime, diputados del Congreso local aprobaron esta mañana la creación de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Hidalgo, cuyo fin será limitar los gastos de la administración pública estatal y homologar a la entidad con el ordenamiento similar federal aprobado por el Senado.
Tal proyecto fue presentado en sesión de julio de 2019 por asambleístas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y tres afines a la fracción y se integra por 32 artículos divididos en cinco capítulos: “Disposiciones generales”; “De las remuneraciones, prestaciones y contrataciones de los servidores públicos”.
Así como “De los gastos”; “De los gastos de representación” y “De las responsabilidades”, por lo que fue turnada a la primera comisión permanente de Legislación y puntos constitucionales para su análisis, dictaminación y posterior presentación ante el pleno, lo que ocurrió hoy.
El representante del órgano expresó que la austeridad republicana busca un uso responsable de los recursos, eliminar la corrupción mediante proyecciones de gasto y destinar el ahorro a áreas prioritarias de Hidalgo, además de alinear la ley local con la federal que busca evitar dispendios por 50 mil millones de pesos.
Lo anterior fue ratificado con 27 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, por lo que fue ordenado a la secretaría de la Cámara elaborar el ordenamiento correspondiente para enviarlo al titular del Ejecutivo estatal, quien aún podrá hacer ajustes o bien hacer lo correspondiente para su entrada en vigor conforme al protocolo.
Lo que recortará
De los 32 artículos que componen la legislación, destaca el séptimo que establece que ningún funcionario en Hidalgo podrá percibir más que el presidente de la República; ya en servidores públicos, el siguiente numeral: octavo, fija que deberán acceder al sistema público de seguridad social y prohibirá contratar servicios clínicos privados.
Por su parte, el 10 impedirá contar con escoltas, choferes u otros similares con cargo al erario, aunque tendrán excepción aquellos puestos de impartición, procuración de justicia y seguridad pública.
Por su parte, el numeral 17 precisa que las dependencias deberán reducir sus gastos de papelería, combustibles y telefonía; el 18 restringirá la compra de vestuario y uniformes salvo para seguridad, salud, forenses y protección civil o quienes requieran medidas de higiene.
Finalmente, el 21establece la prohibición a dependencias adquirir vehículos de lujo, pero si es justificada la necesidad de compra para el desempeño de funciones deberá anteponerse la búsqueda de unidades austeras.
