Los diputados Citlali Jaramillo Ramírez y Roberto Rico Ruiz propusieron que todo aquel funcionario público que incurra en acciones u omisiones indebidas, e incluso abuse del poder durante su encargo, sea sancionado con el mecanismo de juicio político, de modo que se le finquen responsabilidades políticas y sean destituidos o inhabilitados.
Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en la urgencia de poner en marcha un mecanismo de prosecución para sancionar a servidores públicos que actúen en perjuicio de los intereses de la ciudadanía.
En su exposición, Citlali Jaramillo recordó que la función pública debe guardar un contexto ético-administrativo que sea respetado por los actores con un alto grado de posibilidad de irrumpir el orden social, a quienes, de no hacerlo así, se les finquen sanciones una vez agotado el procedimiento político en el que se vislumbre la actualización de responsabilidad.
Por su parte, el diputado Rico Ruiz señaló que actualmente lo que aqueja a la ciudadanía es “esa vulnerabilidad ante la impunidad y la protección a personas servidoras públicas, lo que conlleva a constituir un factor determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las y los gobernados”.
Consideró como una tarea fundamental de los legisladores velar por que los derechos de la ciudadanía prevalezcan y protegerles de corruptelas, lo cual, dijo, se cumple con esta iniciativa de implementar la figura de juicio político.
