La diputada Yarabi González Martínez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de tipificar como agravante los delitos de abuso y hostigamiento sexual cuando sean cometidos en contra de personas con discapacidad.
La propuesta de decreto plantea reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal estatal para reconocer esta condición como una agravante específica. Con ello, se busca armonizar las definiciones jurídicas y actualizar las sanciones bajo el paradigma del modelo social de la discapacidad y los estándares internacionales de derechos humanos.
A decir de la legisladora de Morena, el objetivo es brindar una protección reforzada a un sector históricamente excluido, garantizar su acceso a la justicia y desmantelar las barreras sistémicas que perpetúan la impunidad frente a la violencia por razones de género y condición de vida.
De acuerdo con cifras oficiales, el 72.6 por ciento de las mujeres con discapacidad ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, cifra superior al 66.7 por ciento registrado entre mujeres sin discapacidad. Esta brecha se amplía en el caso de aquellas con limitaciones funcionales, donde la violencia alcanza el 75.1 por ciento, lo que evidencia que a mayor grado de dependencia o barrera funcional, mayor es el riesgo de victimización.
Añadió que el 44.6 por ciento de las mujeres con discapacidad ha sufrido agresiones físicas, una tasa 1.5 veces mayor que la de mujeres sin discapacidad (29.5 por ciento). Asimismo, el 34.9 por ciento ha sido víctima de violencia económica y patrimonial, lo que refleja cómo los agresores aprovechan la dependencia para ejercer control.
La violencia sexual es una de las expresiones más críticas e invisibilizadas: el 48.7 por ciento de las mujeres con discapacidad ha sido víctima de este tipo de agresión, cifra que aumenta a 53.4 por ciento en mujeres con limitaciones.
Además, el 20.3 por ciento reportó haber sufrido agresiones sexuales en los últimos 12 meses, lo que evidencia la insuficiencia de los mecanismos de protección actuales.
El entorno familiar tampoco representa un espacio seguro. El 16 por ciento ha sufrido violencia en este ámbito, casi el doble que el 9.4 por ciento registrado entre quienes no presentan esta condición. En el caso de la violencia de pareja, afecta al 49 por ciento de este sector, superando por más de 14 puntos porcentuales a la población sin discapacidad.
En ámbitos como el escolar (37.5 por ciento) y laboral (30.6 por ciento) también se registran mayores niveles de violencia, lo que convierte estos espacios en entornos hostiles.
Ante este panorama, la legisladora propuso adicionar disposiciones para garantizar una reparación integral del daño cuando la víctima sea una persona con discapacidad, incluyendo la provisión de ayudas técnicas, prótesis, dispositivos de apoyo a la comunicación o terapias especializadas derivadas del delito.
Asimismo, se establece que las penas por delitos sexuales se incrementarán hasta en una mitad cuando la víctima sea una persona con discapacidad.
En el caso del hostigamiento sexual, se plantea duplicar la punibilidad cuando la víctima pertenezca a este grupo.
