La diputada local de Morena, Hilda Miranda Miranda, presentó una iniciativa para crear el Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia en el Transporte Público, una propuesta que busca reforzar la seguridad de usuarios y operadores mediante la incorporación de medidas tecnológicas y mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.
La reforma contempla modificaciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo y a la Ley de Seguridad Pública estatal, bajo la premisa de que el transporte público debe garantizar no sólo el traslado de las personas, sino también condiciones de seguridad, igualdad y respeto a los derechos de las y los usuarios.
Cámaras, botones de pánico y capacitación obligatoria
Entre las principales medidas planteadas destaca la instalación obligatoria de sistemas de videovigilancia con grabación continua en las unidades de transporte público, cuyos registros deberán conservarse por un periodo mínimo de 30 días.
La propuesta también contempla la colocación de botones de auxilio o pánico conectados a los sistemas estatales de emergencia, así como mejorar la iluminación interior de las unidades que operan en horario nocturno.
Además, se plantea que los operadores estén plenamente identificados mediante nombre, número económico o folio autorizado visible para los pasajeros.
De igual forma, los conductores tendrían que recibir capacitación periódica en atención a víctimas, perspectiva de género, prevención de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en protocolos de actuación ante emergencias.
C5i coordinaría respuesta ante emergencias
La iniciativa establece que la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo elaboren de manera conjunta un protocolo estatal para prevenir y atender hechos de violencia dentro del transporte público.
En este esquema, el **Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)**sería el encargado de recibir las alertas emitidas desde los botones de auxilio, coordinar la respuesta policial y canalizar información a las autoridades ministeriales cuando exista la probable comisión de delitos.
Asimismo, el sistema permitiría generar estadísticas para identificar zonas de riesgo y patrones delictivos relacionados con el transporte público.
También habría medidas en terminales y paraderos
La propuesta contempla que terminales, estaciones y centros de transferencia incorporen gradualmente señalización de rutas seguras, sistemas de comunicación de emergencia y espacios de orientación para víctimas.
Además, el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones administrativas, suspensión temporal de concesiones e incluso su revocación en casos graves o reincidentes.
En caso de aprobarse, las autoridades contarían con un plazo de 180 días para emitir el protocolo, mientras que concesionarios y permisionarios tendrían hasta 18 meses para instalar cámaras, botones de pánico y demás medidas de seguridad previstas en la iniciativa.
