Quiere PRI Hidalgo que actas de defunción por pandemia o desastres sean gratuitas

Un sondeo dio cuenta que tratar a un enfermo en casa asciende a los 16 mil pesos semanales y en caso de deceso deben hacerse otras erogaciones en gastos funerarios y de trámites.

Con el objetivo de aminorar la carga financiera que arrastran los deudos tras haber tratado a un familiar contagiado en una pandemia o herido por un desastre y ya que aún deben hacer más erogaciones tras su deceso, la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez propuso que las actas de defunción sean gratuitas.

Sin embargo, solo aplicará en primera expedición y se logrará al modificar la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, ya que la asambleísta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) refirió que corresponde a esos niveles atender los registros públicos familiares y sus cuotas se ciñen a leyes de ingresos locales.

“Se siguen viviendo tiempos difíciles y es momento de seguir solidarizándose con las familias“, expresó la promovente del proyecto de iniciativa, al referir que en la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19) México es quinto lugar internacional en deceso por esa patología que se estiman llegarán a los 451 mil.

Ante ello, reiteró que un sondeo dio cuenta que tratar a un enfermo en casa asciende a los 16 mil pesos semanales y en caso de deceso deben hacerse otras erogaciones en gastos funerarios y de trámites: “Los deudos tienen problemas financieros y se suma el acta de defunción”, refirió en sesión de diputación permanente.

Respecto a la importancia de tal documento, Sosa Jiménez refirió que es una prueba sobre la muerte de una persona y sirve en un primer momento para los trámites de inhumación y luego para poder hacer las sucesiones de pertenencias del fallecido para que no haya inconvenientes ante las instancias en las que estaba registrado.

Finalmente, la diputada expresó que su proyecto busca que los municipios se solidaricen y expidan la primera copia de acta de defunción sin costo. La propuesta fue turnada a la primera Comisión permanente de legislación y puntos constitucionales para que sea analizada, dictaminada y presentada al pleno.


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