Hay elecciones que se ganan. Hay elecciones que se compiten. Y luego están las elecciones del PRI Hidalgo, donde primero se decide quién será el ganador y después se organiza el proceso para confirmarlo.
La reciente renovación de la dirigencia estatal priista no fue una demostración de fortaleza política, mucho menos de democracia interna. Fue una simulación tan evidente que ni siquiera intentaron disimularla. Una sola planilla se registró, una sola planilla hizo campaña y, por supuesto, una sola planilla ganó.
El resultado jamás estuvo en riesgo porque nunca hubo competencia.
Lo ocurrido en el PRI hidalguense recuerda aquellas épocas donde las decisiones importantes se tomaban en una oficina cerrada y los procesos internos servían únicamente para formalizar acuerdos previamente pactados. La diferencia es que hoy el partido ya no gobierna, ya no controla el aparato estatal y ya no tiene la capacidad política para disfrazar sus viejas prácticas de institucionalidad.
El problema no es que Marco Antonio Mendoza Bustamante y Jenny Márquez hayan resultado electos. El verdadero problema es que nadie cree que realmente fueron electos, sino impuestos a todas luces.
Cuando una dirigencia se construye sin competencia, sin debate y sin contraste de proyectos, lo que se fortalece no es la democracia partidista, sino el control de grupo.
Negarlo sería insultar la inteligencia de la militancia. Tanto Marco Antonio Mendoza como Jenny Márquez pertenecen al mismo bloque político que en los últimos años ha controlado las decisiones más importantes del priismo estatal. La renovación no significó una nueva etapa para el partido; significó la continuidad de la misma estructura de poder bajo diferentes circunstancias electorales.
Mientras Morena vive una guerra interna por la disputa anticipada de candidaturas rumbo a 2027 y 2028, el priismo parece haber optado por el extremo contrario: la ausencia absoluta de competencia. Un partido donde nadie disputa espacios porque todos saben de antemano quién toma las decisiones.
Un partido político deja de ser una organización viva cuando desaparece la competencia interna. Cuando no existen liderazgos alternativos, cuando las voces críticas son marginadas y cuando las candidaturas se procesan mediante acuerdos cupulares, lo que queda es una estructura burocrática, no una fuerza política.
Y eso explica en gran medida la crisis del PRI en Hidalgo.
Durante años el partido gobernó prácticamente todo. Hoy lucha por mantener relevancia electoral. Sin embargo, en lugar de abrir espacios a nuevos perfiles, construir liderazgos regionales o generar una discusión seria sobre su futuro, continúa atrapado en la lógica de las decisiones verticales.
La dirigencia de Marco Antonio Mendoza es quizá el mejor ejemplo.
Quienes lo conocen suelen describirlo como un político con una enorme confianza en sí mismo. Tan enorme que a veces parece superar el tamaño de su propia presencia territorial. Dice ser de todo. El problema es que la acumulación de currículum no necesariamente se traduce en liderazgo.
La gran mayoría de hidalguenses difícilmente podría identificarlo en la calle. Su nivel de conocimiento público es reducido, incluso dentro de sectores tradicionalmente cercanos al PRI. No cuenta con una estructura territorial propia de gran alcance ni con una narrativa política que conecte con las nuevas generaciones.
La renovación de la dirigencia era una oportunidad para enviar una señal distinta. Podía abrirse la competencia. Podían debatirse proyectos. Podían confrontarse visiones sobre el futuro del partido. Podían surgir liderazgos nuevos.
No ocurrió nada de eso. Se eligió el camino cómodo: la candidatura única, el acuerdo previo y la unanimidad planchada.
El mensaje para la militancia fue devastador, ya que participar o no participar daba exactamente el mismo resultado.
Y quizá esa sea la verdadera tragedia del PRI hidalguense. La renovación del partido tricolor en Hidalgo pudo ser el inicio de una reconstrucción.
