Al menos 2 mil 330 personas físicas dedicadas a los servicios inmobiliarios operan en la irregularidad en el estado de Hidalgo, pues de las 2 mil 500 identificadas, sólo 120 están reguladas por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), de ahí la necesidad de que el sector se encuentre reglamentado.
Durante la lectura de la iniciativa de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Hidalgo, presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se destacó que esta condición propicia fraudes a la ciudadanía y robos al patrimonio.
En sesión ordinaria del Congreso Local, la diputada Citlali Jaramillo indicó que es parte de la Agenda 2030 el contar con una vivienda digna para la población; destacó que se tiene que tener esta posibilidad desde la tenencia de la tierra y que la vivienda sea accesible y digna.
Informó que, en México, durante 2020, se construyeron 20 mil nuevas casas y en 2021 fueron 180 mil, pero la demanda de vivienda nueva es de 800 mil, según datos de Centro de Documentación de la Casa A. C.
En Hidalgo, en 2021 se registró una demanda de 10 mil 44 créditos para vivienda y los prestadores del servicio inmobiliario, quienes son el intermediario con el comprador, no tienen quién los regule.
Se destacó que actualmente sólo un 10 por ciento, en promedio, ha profesionalizado la labor y un 1.5 por ciento está afiliado a una asociación para contar con un desempeño responsable, pues se busca reducir esta irregularidad, el fraude y el acaparamiento de la tierra.
Recordó que este proyecto ya se considera en el Plan Estatal de Desarrollo y abona en el combate a la corrupción, pues se homologarían los trámites entre los ayuntamientos para evitar actividades ilícitas.
La iniciativa se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación en el Congreso Local. Cabe destacar que este tema se integra a la agenda legislativa ya acordada con la Secretaría de Gobierno.
