El regidor Manuel Canales Pérez solicitó que el Programa de Regularización de Establecimientos Mercantiles ubicados en zonas ejidales de Pachuca, recientemente aprobado, también sea aplicado en asentamientos humanos irregulares, al señalar que el 22 por ciento de las unidades económicas de la capital operan en estas zonas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que dicho porcentaje de negocios en la capital funciona en zonas de transición e irregularidad jurídica, lo que genera un vacío de información y diagnóstico sobre la actividad real que mueve la economía local.
El representante popular de Morena señaló que el desarrollo urbano de Pachuca ha superado la velocidad de la regularización de la tierra, generando polígonos de actividad comercial dinámica, próspera y activa, pero administrativamente inexistente, por lo que ignorar esta realidad fomenta la inseguridad y la extorsión.
Explicó que la capital cuenta con nueve núcleos agrarios principales donde se han generado asentamientos irregulares, además de que el crecimiento provoca que múltiples zonas ejidales y propiedades privadas evolucionen hacia asentamientos humanos con vocación urbana y comercial.
Comentó que la superficie de propiedad social en ejidos y propiedad irregular representa cerca del 30 por ciento de la zona consolidada de Pachuca.
Asimismo, consideró que la principal ocupación laboral en la capital corresponde al sector de ventas y comercio en establecimientos, así como a la prestación de servicios, área donde laboran aproximadamente 131 mil personas.
Agregó que, aunque en muchas de estas zonas no existe regularización plena, no se han municipalizado, presentan inconsistencias catastrales y subsisten conflictos civiles y administrativos relacionados con la tenencia de la tierra, resulta necesario extender este programa de regularización a dichos sectores.
El asambleísta sostuvo que la falta de un título de propiedad y el pago del impuesto predial no deben ser sinónimo de falta de seguridad para el funcionamiento de los comercios, pues consideró urgente regularizar las unidades económicas y a los comerciantes para que cumplan con la ley, independientemente de la situación jurídica del suelo que utilizan.
“Toda vez que los establecimientos mercantiles ordenados y regularizados normativamente con la expedición de licencias o autorizaciones provisionales de funcionamiento garantizan el cumplimiento de su funcionamiento, medidas de seguridad y contribución fiscal”, aseveró.
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