Las siete personas detenidas por los hechos ocurridos en la comunidad de La Flor, municipio de San Salvador, fueron vinculadas a proceso por privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y daño en la propiedad, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Se trata de las personas identificadas con las iniciales J. C. A., I. A. H., R. A. L., R. S. B., S. N. M., A. C. B. y C. H. B., quienes fueron detenidas luego de los hechos registrados los días 18 y 19 de agosto.
De acuerdo con la investigación, habitantes de La Flor que demandaban obra pública acudieron a la presidencia municipal de San Salvador, donde sacaron por la fuerza al alcalde Norberto Martínez Cruz y posteriormente lo trasladaron al auditorio de esa comunidad.
Al lugar también llegaron integrantes del cabildo, quienes fueron retenidos contra su voluntad.
Diez policías resultaron lesionados durante la liberación
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) desplegó un operativo para liberar al presidente municipal y a los demás servidores públicos.
Durante la intervención, habitantes de La Flor agredieron a los elementos estatales que acudieron al lugar, lo que dejó un saldo de 10 policías lesionados.
Previamente, el propio alcalde declaró que fue agredido durante los hechos y que le retiraron su teléfono celular mientras permaneció retenido.
Tras la detención de las siete personas, la PGJEH judicializó la carpeta de investigación y el 21 de agosto se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que un juez calificó como legal la detención y el Ministerio Público formuló la imputación.
Los cuatro hombres y tres mujeres se acogieron al plazo constitucional de 144 horas para que se resolviera su situación jurídica.
Seguirán proceso en resguardo domiciliario
Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada este 26 de agosto, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a las siete personas.
Como medida cautelar, el juez ordenó resguardo domiciliario, por lo que enfrentarán el proceso bajo esta medida mientras continúan las investigaciones.
Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público y las defensas podrán reunir nuevos elementos relacionados con el caso.
