Un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso en favor de Miguel Ángel L.H., exalcalde de Tlaxcoapan acusado de peculado por la supuesta malversación de recursos públicos asignados para la segunda etapa del Centro Cultural del municipio.
De acuerdo con la formulación de imputación, el expresidente municipal habría firmado, como presidente municipal, un convenio el 12 de julio de 2013 con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para la construcción del inmueble, por un monto de 7 millones de pesos. Posteriormente, el 16 de julio de 2014 celebró un contrato de obra con un proveedor por más de 6.8 millones de pesos, monto que fue pagado en su totalidad sin que se ejecutara la obra, según la acusación.
No obstante, durante la audiencia, el juez determinó que la imputación presentada carecía de “congruencia temporal y fáctica” con los datos de prueba. Según la resolución judicial del 1 de julio de 2025, la representación social mencionó una fecha y un monto distinto a la evidencia documental y bancaria. Específicamente, el dinero presuntamente desviado corresponde a un segundo convenio firmado en marzo de 2014, no al de 2013 como indicó la acusación.
El juez argumentó que modificar los hechos en la audiencia para ajustarlos a los datos reales implicaría violar el principio de imparcialidad del sistema penal acusatorio, en el que las funciones del órgano acusador y del juzgador deben mantenerse separadas.
Asimismo, se dejó a salvo el derecho del Ministerio Público para analizar nuevamente la carpeta de investigación y determinar si es posible replantear la acusación, situación que, se espera, ocurrirá en los siguientes días, una vez que se obtengan otros datos de prueba más sólidos.
Este fallo no exime al exalcalde de otras responsabilidades penales. Miguel Ángel L.H. continúa vinculado a proceso en al menos dos causas más por el presunto desvío de más de 24 millones de pesos, entre ellos 21.8 millones destinados a un mercado municipal construido en un terreno sin propiedad del municipio, y otros 2.7 millones correspondientes a retenciones del ISR. Permanece bajo prisión preventiva.
