El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, dio a conocer que funcionarios municipales señalados de ostentar dos sueldos interpondrían juicios laborales o buscarían ampararse para evitar sanciones administrativas y que los obliguen a renunciar a uno de sus encargos.
Desde hace meses, la dependencia estatal investigó al menos a 700 funcionarios, entre alcaldes, síndicos, regidores y trabajadores que incumplieron con el procedimiento de compatibilidad que certifica a un servidor público para desempeñar dos o más empleos sin incurrir en conflictos de intereses.
Esta práctica ilegal de “dobleteo” de plazas, refirió el secretario, le cuesta al estado aproximadamente 500 millones de pesos. “Pero no es tanto el dinero, es el abandono de las plazas, del abandono de una actividad ya sea enfrente de grupo o en forma administrativa o es una plaza que debe de estar ocupando otra persona en un municipio que no tenga trabajo”, dijo.
Abundó que, del total de detectados, 400 remitieron sus respectivas cartas de compatibilidad; sin embargo, la Contraloría rechazó todas porque no encontraron coincidencias en atribuciones y horarios. Incluso encontraron maestros que, para acudir a las asambleas municipales, dejaban a otras personas encargadas sin certificación o plaza en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
“Nos han manifestado que pertenecen al sindicato, que tienen derechos ganados, que no se les puede obligar a renunciar en una plaza, que van a demandar la relación laboral, entablar un juicio de carácter laboral y después se tendrá que pagar laudos y todo esto; no es el tema que les estemos exigiendo una renuncia, el tema es que se le está exigiendo que cumplan los contratos en educación”, abundó.
Bardales Ramírez indicó que quienes no entregaron la carta de compatibilidad solicitaron licencia sin goce de sueldo o, en ciertos casos, renunciaron a su responsabilidad en el ámbito educativo. Específicamente, en el caso de los presidentes municipales, actualmente ninguno tiene dos salarios.
“Casi todas son licencias sin goce de sueldo las que se están procesando en el grupo de maestros que trabajan también en los municipios. En todos los casos fueron renuncias en los municipios porque era mejor el salario en educación y los mismos presidentes municipales, ante la preocupación de que nosotros iniciáramos procedimientos contra ellos, al mismo día que les notificamos la lista de las personas que tenían esa situación, en ese momento estaban solicitando renuncias”, subrayó.
