Algunos partidos políticos consideraron positivo que no se reuniera el número mínimo de firmas necesarias para realizar el proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, debido al dispendio de recursos públicos que implicaría un ejercicio considerado innecesario. Otros señalaron que faltó interés e información sobre el proceso, e incluso que hubo miedo para participar.
Durante sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Jurídica y de Organización Electoral informaron sobre el corte final del apoyo ciudadano recabado, el cual será remitido al Instituto Nacional Electoral (INE) para su validación definitiva. En total, se reunieron 11 mil 280 rúbricas, de las cuales 10 mil 092 fueron validadas y 631 presentaron inconsistencias, es decir, apenas el 4.7 por ciento de las 236 mil 529 firmas necesarias.
En cuanto a los registros con situación irregular, se contabilizaron 386 duplicados, 71 fuera del ámbito geo-electoral de Hidalgo, 25 dados de baja del padrón electoral, 57 no ubicados en el listado nominal y 18 registros cuyos datos no fueron encontrados.
Cabe recordar que el 5 de diciembre fue la fecha límite para que los solicitantes presentaran apoyos ciudadanos.
Finalmente, Shareny Muñoz Palacios entregó 6 mil 565 firmas al INE, de las cuales 5 mil 714 fueron avaladas; Sbeydi Lucero Vázquez Flores presentó 3 mil 047, con 2 mil 785 certificadas; e Izquierda Unida Hidalguense para que Siga la Democracia entregó mil 535, de las cuales mil 463 fueron aprobadas.
Pablo Apodaca Sinsel registró 91 aportaciones y 89 validadas; Martín Camargo Hernández 14; Miguel Ángel Ríos Quintanar 12; y tanto Fermín Pérez Lugo como Crispina Barrón Rodríguez, ocho cada uno.
El representante del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Sosa Vivanco, insistió en que hubo poca información para que la población conociera el proceso y participara sin miedo, pues —dijo— algunas personas temían proporcionar sus datos o fotografía por posibles represalias. También destacó la necesidad de reformar la legislación para que los partidos políticos puedan fungir como promotores del mecanismo.
Por su parte, Federico Hernández Barros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró que no se alcanzara el mínimo de rúbricas, al considerar que representaría una erogación de recursos públicos en simulaciones. Mientras tanto, Rafael Sánchez Hernández, de Acción Nacional (PAN), señaló que el bajo número refleja un desinterés ciudadano.
El consejero Guillermo Corrales Galván explicó que en enero del siguiente año se detallará un informe final de las adhesiones enviadas al INE para su validación. Añadió que se continuará con las actividades previstas en el calendario correspondiente a esta etapa previa del mecanismo de participación ciudadana, cuya vigencia depende del cumplimiento de requisitos legales.
En esta misma sesión, el pleno aprobó los lineamientos para la construcción del programa integral de capacitación para ejercicios de revocación de mandato, consulta popular y elecciones del Poder Judicial; el plan de integración de mesas directivas de casilla, mesas de escrutinio y cómputo para el voto de personas en prisión preventiva; así como el lineamiento para el reclutamiento, selección y designación de consejerías electorales.
