El senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, reiteró su compromiso en el combate a la corrupción al presentar una iniciativa que propone una reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la máxima tribuna, explicó que el objetivo es prevenir la corrupción y transitar de un modelo sancionador a uno preventivo.
“Hoy se propone cambiar el enfoque; evitar que el daño ocurra, cerrar los espacios a la impunidad y garantizar que, cuando la corrupción se materialice, exista investigación eficaz, sanción proporcional y reparación integral del daño”, detalló.
Explicó que la propuesta perfecciona el régimen de responsabilidades administrativas tanto de personas servidoras públicas como de particulares. Además, se actualizan y precisan definiciones clave como conflicto de interés, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y encubrimiento, para abarcar nuevas modalidades de corrupción, incluidas aquellas vinculadas a beneficios políticos o ventajas no estrictamente económicas.
Destacó que el eje central del proyecto es la protección a alertadores y denunciantes: “ninguna política anticorrupción es eficaz si quienes conocen las irregularidades temen denunciar; por ello, se fortalecen los procedimientos de denuncia, se fijan plazos claros para la investigación y se establecen garantías de confidencialidad, protección laboral y personal, así como canales seguros y, cuando sea necesario, anónimos”, comentó durante la primera sesión ordinaria del Senado de la República.
En su intervención, señaló que el planteamiento va por un régimen más robusto y eficaz. Se incorporan medidas cautelares como el congelamiento preventivo de activos vinculados a los hechos investigados y medidas específicas para personas morales, incluida la prohibición temporal de contratar con el sector público.
Subrayó que las sanciones deben ser proporcionales, disuasorias y orientadas a la reparación del daño, incluido el daño a la confianza pública. Por ello, se establece que las sanciones económicas superen el beneficio obtenido y se fortalecen los mínimos legales en suspensión e inhabilitación. Agregó que, en el ámbito de los particulares, especialmente de las empresas que contratan con el Estado, se refuerza la corresponsabilidad.
“Quien quiera hacer negocios con el Estado debe hacerlo con reglas claras y prácticas íntegras”, culminó.
