La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que cada uno de los 30 diputados locales de Hidalgo representa un costo anual de 11 millones 045 mil 658.83 pesos, de acuerdo con datos presentados durante su conferencia matutina.
Al explicar estas cifras, señaló que el presupuesto del Poder Legislativo de Hidalgo para 2026 asciende a 331 millones 369 mil 765 pesos, en un estado con 3 millones 82 mil 841 habitantes y 30 legisladores locales.
Durante la mañanera, la mandataria presentó el denominado “Plan B” en materia electoral, luego de que su iniciativa de reforma constitucional no obtuviera los votos necesarios en la Cámara de Diputados. La propuesta, explicó, buscaba reducir privilegios en los partidos políticos y en el Instituto Nacional Electoral (INE), así como fortalecer la participación ciudadana.
La presidenta sostuvo que su gobierno mantiene como objetivo terminar con el régimen de privilegios que, afirmó, caracterizó durante años a diversas instituciones públicas, donde funcionarios reciben recursos que consideró excesivos frente a las necesidades del país.
En ese contexto, explicó que su estrategia contempla tres ejes principales: disminuir los privilegios que aún persisten en los congresos locales, reducir gastos excesivos en gobiernos municipales y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular.
Para ejemplificar el gasto legislativo en los estados, la mandataria presentó comparativos entre distintas entidades del país. Señaló que en Baja California el costo por legislador alcanza 34.8 millones de pesos al año, mientras que en Morelos asciende a 31.8 millones de pesos por diputado.
Sin embargo, aclaró que estas cifras no corresponden al salario directo de los legisladores, ya que incluyen gastos operativos de los congresos, como el pago de servicios, mantenimiento de edificios y sueldos de trabajadores que laboran en los poderes legislativos.
Aun así, cuestionó que existan grandes diferencias presupuestales entre congresos estatales, al considerar que en algunos casos los recursos son elevados frente a las necesidades de la población.
Ante ello, una de las propuestas planteadas dentro del Plan B es establecer un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales, con el objetivo de que los recursos que se liberen permanezcan en los estados y se destinen a atender necesidades sociales.
“Lo que buscamos es que el dinero público se utilice para lo indispensable en la función pública y que la mayor parte se destine a programas de bienestar, escuelas, hospitales, agua potable o mantenimiento urbano”, señaló la presidenta.
Sheinbaum Pardo también sostuvo que la reforma electoral rechazada tenía como propósito reducir el financiamiento público a los partidos políticos y los recursos destinados a las autoridades electorales, al considerar que gran parte de la población percibe ese gasto como excesivo en un país con múltiples necesidades sociales.
Asimismo, señaló que otro de los objetivos del Plan B será reducir el número de regidores que existen en los ayuntamientos. Como ejemplo, mencionó que en Pachuca actualmente hay 19, al igual que en municipios como Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo, Huejutla de Reyes y Tula de Allende.
Indicó que algunos de estos regidores perciben salarios elevados debido a los bonos que reciben, por lo que planteó que también debería establecerse un límite, de manera que esos recursos puedan destinarse a obra pública local.
