En política no siempre se lastima desde afuera, a veces -por increíble que parezca- el golpe viene desde adentro, por descuidos, por cálculos mal hechos o por decisiones que nadie detuvo a tiempo. Eso parece haber pasado con el caso de Fátima Baños, quien recientemente fue nombrada directora del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial y, pocos días después, terminó pidiendo licencia sin goce de sueldo en medio de la presión pública.
El problema político no está en el trámite de la licencia ni en la defensa legal que ella hizo en su comunicado, sino en que se volvió a abrir un episodio delicado que nunca dejó de ser sensible para la opinión pública: el antecedente de discriminación contra un menor con síndrome de Down durante su paso por el Instituto Hidalguense del Deporte en la administración estatal anterior, un caso que derivó en una recomendación y en una disculpa pública. Eso, por sí solo, obligaba a actuar con mucho más cuidado.
Y ahí es donde este asunto deja de ser sólo un tema personal o administrativo, porque cuando un perfil con ese antecedente es colocado en un nuevo espacio, particularmente de formación jurídica, lo mínimo era prever la reacción pública. No hacía falta ser adivino para saber que el tema iba a regresar; lo extraño es que nadie en el sistema haya medido ni operado el tamaño del costo político.
Lo más delicado, sin embargo, no es sólo el nombramiento ni la licencia. Lo más delicado es el mensaje de desorden que queda. Porque al final, en vez de verse un sistema público alineado, lo que se vio fue otra cosa: una decisión que sale de un lado, una crítica que crece desde otro, una polémica que escala y, al centro de todo, el gobernador Julio Menchaca cargando con el desgaste de episodios que no provoca directamente, pero que sí le generan los suyos.
A los ciudadanos todo esto les dice algo muy simple: no hay orden interno. Y así, lo que pudo resolverse con un mínimo de oficio político, termina convertido en un desgaste público del gobierno. Entonces, no hace falta que haya oposición fuerte si dentro del propio aparato aparecen errores que se vuelven escándalo por sí solos.
Al final, el asunto de fondo no es sólo Fátima Baños, sino el riesgo de confirmar que un gobierno no se debilita únicamente por lo que le hacen sus adversarios, sino por lo que no calculan quienes, se supone, tendrían que ayudarle.
