El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) reencauzó la queja por presunta violencia política por razón de género que interpuso la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Johana Montcerrat Hernández Pérez, para que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) sustancie e investigue la controversia suscitada en una sesión del Congreso local, en la que, aparentemente, limitaron, anularon y menoscabaron el ejercicio efectivo de su función legislativa.
Pese a que el diputado de Morena, Aldo Meza Hernández, afirmó en una conferencia de prensa que dialogó con la legisladora “tricolor” y que no formalizaría la denuncia por atentar contra sus derechos político-electorales, el TEEH resolvió en acuerdo plenario el juicio ciudadano que promovió la priista.
En el expediente TEEH-JDC-040-2026, la representante del Revolucionario Institucional señaló la determinación del pasado 18 de marzo emitida por la Mesa Directiva del Congreso de Hidalgo, en ese momento presidida por el diputado “morenista”, Aldo Meza, en la cual rechazaron la mayoría simple en la votación de reformas a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Hidalgo, aún cuando los asistentes del pleno sufragaron 15 votos a favor y 11 en contra.
Asimismo, acusó conductas presuntamente constitutivas de violencia política por razón de género, al señalar que lo ocurrido en la sesión anuló sus derechos político-electorales como mujer y menoscabó su capacidad de toma de decisiones; además, denunció violaciones a los principios de legalidad, certeza, control de convencionalidad y a los estándares internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos.
La ponencia de la magistrada Lilibet García Martínez determinó que el tribunal hidalguense era incompetente para conocer el caso, al considerar que escapaba de la materia electoral y que el conflicto correspondía a una discrepancia técnica sobre el resultado de una votación legislativa.
De igual manera, sostuvo que lo sucedido se limitó estrictamente al ámbito del derecho parlamentario interno, al tratarse de actos relacionados con la organización y registro de votaciones de la LXVI Legislatura, por lo que no inciden en el derecho político-electoral de ser votado ni en el ejercicio del cargo.
No obstante, atendiendo a las manifestaciones de la diputada, se instruyó a la Secretaría General del TEEH para dar vista, con copias certificadas del expediente, al IEEH, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que a derecho corresponda mediante un procedimiento especial sancionador.
Cabe recordar que la iniciativa pretendía reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, con base en recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Después de la polémica, la Mesa Directiva rectificó el trámite y declaró procedente la reforma.
