Autoridades federales desarticularon una red criminal dedicada al llamado “huachicol fiscal” que operaba en Hidalgo y el Estado de México, con capacidad de extracción ilegal de hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana.
En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre las acciones que permitieron desactivar esta célula delictiva, enfocada principalmente en el robo de gas LP.
Las operaciones se concentraban en municipios hidalguenses como Tepeji del Río, Tula de Allende y Atotonilco de Tula, así como en demarcaciones del Estado de México como Jiquipilco, Polotitlán, Apaxco y Cuautitlán Izcalli.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que tras siete meses de investigación y coordinación con la FGR se identificó un esquema integral que abarcaba la extracción ilegal, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo, además de su comercialización mediante pipas, tractocamiones e incluso el uso de buques.
Detalló que el grupo también operaba mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante empresas fachada, prestanombres y redes de dispersión.
Como resultado, se detuvo a siete personas vinculadas con estas actividades ilícitas, incluyendo delitos como robo de hidrocarburo y lavado de dinero.
En coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Marina, se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles —10 en Hidalgo y 10 en el Estado de México—, utilizados como centros de almacenamiento, trasvase y comercialización; varios de ellos operaban como bodegas o gaseras.
Durante los operativos se aseguraron 101 mil 600 litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, tres armas de fuego, 86 cartuchos, 500 mil pesos en efectivo, así como 55 autotanques, 11 tractocamiones, 10 camionetas, 12 vehículos sedán, tres motocicletas y un cuatrimoto. Además, se decomisaron equipos de comunicación y documentación diversa, y se clausuró una toma clandestina en Santa Ana Atzcapotzaltongo, en Tepeji del Río.
La red era liderada por Mauricio “N”, alias “El Burras”, quien presuntamente mantiene vínculos con grupos delictivos en Jalisco y Michoacán, además de coordinar las operaciones logísticas en Hidalgo y Estado de México.
Entre los detenidos también se encuentra Joaquín “N”, identificado como operador logístico y financiero; Julio “N”, encargado del envío de pipas; César “N”, operador de la extracción; y Jorge “N”, propietario de gaseras y empresas utilizadas para el lavado de dinero.
Asimismo, fueron detenidos otros operadores logísticos y financieros vinculados a la distribución del combustible robado y a la facturación ilegal del mismo.
¿Cómo operaban?
De acuerdo con García Harfuch, la red utilizaba tomas clandestinas ubicadas estratégicamente para facilitar la extracción del hidrocarburo. Posteriormente, el combustible era trasladado a predios previamente identificados, donde se almacenaba en contenedores y autotanques para su distribución.
Las operaciones eran coordinadas por distintos operadores que definían rutas, controlaban el transporte y mantenían comunicación constante para evadir a las autoridades.
Finalmente, el insumo robado era introducido al mercado mediante una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, lo que permitía su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos.
Para sostener el esquema, contaban además con operadores financieros y “factureros” que simulaban operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad.
Siguen las investigaciones
Por su parte, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, recordó que en marzo de 2025 se desplegó un operativo en Tamaulipas que derivó en el aseguramiento de un buque y en el inicio de investigaciones por contrabando de combustibles o “huachicol fiscal”.
Explicó que estas operaciones ilegales no sólo implican el robo de combustible, sino también su comercialización ilícita y evasión fiscal, generando un daño económico superior a los 23 mil millones de pesos.
Como parte de estas investigaciones, se logró ubicar la red que operaba en Hidalgo y Estado de México, así como a los llamados “petrofactureros”, quienes facilitan la simulación de operaciones para encubrir estas actividades ilícitas. El caso continúa en proceso de judicialización.
